PP y C's aprueban un presupuesto para el año que acaba y el PSOE lo llevará al juzgado

Aunque para Karlos Bernabé la «loca, loca aventura del presupuesto 2016» terminó ayer con la aprobación definitiva en Pleno de un documento que nace con vocación de prorrogarse por decreto el lunes, para los socialistas el trámite no fue más que la punta de un iceberg que chocará antes o después contra los juzgados por considerar que el proceso no se ajusta a la ley. PP y Ciudadanos dieron el visto bueno al presupuesto ante la necesidad manifestada por el equipo de gobierno de empezar el año con unas cuentas más ajustadas a la realidad que las del 2012, y el edil de Hacienda, Rafael Almagro, defendió lo extraordinario y urgente de la convocatoria con este argumento, aunque admitió que es necesario elaborar un nuevo presupuesto para el año que entra.

Así las cosas, la Corporación cerró el año más o menos como lo empezó, con posturas del todo opuestas y sin acuerdo al menos en este tema. La portavoz socialista Carolina Gracia pidió en varias ocasiones primero al alcalde y después al secretario que le aclarase por qué no se han resuelto ninguno de los recursos de reposición interpuestos a las urgencias de comisiones y plenos y consideró que el silencio era positivo para las pretensiones de su grupo que no eran otras que desestimar el proyecto. Ante esto ya avanzó su intención de «ir a donde tenga que ir» en relación al contencioso porque a su juicio el trámite seguido no se ajusta a lo que marca la normativa en relación a los plazos. Bascuñana desoyó estas solicitudes y finalmente le espetó que lo único que pretendía su grupo era dilatar el proceso y torpedear la gestión del gobierno municipal, cosa en la que abundó Rafael Almagro, quien poco menos que acusó a Gracia de la situación por no haber sido capaz de sacar adelante presupuestos durante el tiempo que estuvo al frente de la Concejalía de Hacienda.

La socialista, por su parte, reiteró la que ha sido su principal crítica al presupuesto del 2016 y de nuevo acusó a los populares de empeñarse en sacarlo para tapar gastos que han hecho sin consignación y para entre otras cosas subir el sueldo a funcionarios «que según usted se portan bien», al tiempo que el PSOE defendió como voto participar la enmienda presentada por el interventor municipal, Fernando Urruticoechea, que pide que se equipare su salario con el del secretario municipal. Precisamente el grueso de la sesión se basó en defender por parte de PSOE y Cambiemos las enmiendas presentadas a los presupuestos como votos particulares, rechazados ya en comisión y después en el plenario. Los socialistas llevaron al debate la enmienda de Dinoco que considera que el presupuesto no tiene toda la consignación necesaria para prestar el servicio de atención temprana; la de una constructora que exige 1 millón de euros en cargas urbanísticas al Ayuntamiento; la de una vecina de la calle Torreta que pide obras que impidan la caída de piedras a las casa; la de Carmen Gutiérrez en el mismo sentido que la enmienda a la totalidad que en su día presentó el PSOE, o la del Observatorio Ciudadano contra la Corrupción que considera que el trámite no es el adecuado. Por su parte Cambiemos coincidió en algunos casos y sumó otra enmienda de Podemos Orihuela. PP y Ciudadanos se apoyaron en un informe de Intervención para rechazar todas y cada una de ellas y finalmente se votó el proyecto de presupuestos con el no rotundo de la oposición y los votos suficientes de populares y ciudadanos que dieron por culminado el trámite.

Desde Foro Demócrata la concejal Pepa Ferrando vio «ridículo y absurdo» la aprobación de un presupuesto que caducará nada más iniciarse y en Cambiemos su portavoz, Karlos Bernabé, dijo que lo único que preocupaba al PP era «salvar su cara de un ridículo increíble» en caso de que finalmente no se llegara a tiempo de aprobar el proyecto. Ciudadanos defendió la postura popular para garantizar partidas como las necesarias para pagar los préstamos pendientes del Plan de Ajuste y López-Bas no solo achacó la culpa de la tardanza al PP sino al funcionario que no dio salida al proyecto presentado el pasado enero.