El Consell se escuda en la «geometría política» para no exigir naves en el puerto

«Decepcionante». Es el adjetivo con el que los vecinos calificaron ayer la reunión que mantuvieron en Valencia con el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro para abordar el conflicto con los graneles del puerto.

Los vecinos, representantes de 13 asociaciones y de 11 Ampas, iban con un único objetivo. Lograr que la Conselleria rectifique su autorización de emisiones a la atmósfera para esta actividad y exija como medidas correctoras las naves cerradas.

Según explicaron después desde la asociación de vecinos Gran Vía Sur-Puerto, Álvaro se mostró de acuerdo con ellos en que la actividad debe desempeñarse en naves cerradas, pero se escudó en la «geometría política», es de entender que en referencia al equilibrio de fuerzas en el Gobierno autonómico para no haberlas exigido en su resolución de manera contundente.

Se comprometió a «estudiar» las alegaciones de los vecinos al respecto pero no a introducir las modificaciones reclamadas.

Los vecinos, por su parte, le transmitieron su «malestar» por la «ambigüedad» de la resolución, que en un punto dice que se debe contratar la instalación de estas naves y en otro posterior abre la puerta a la Autoridad Portuaria para eximirse de tal obligación.

«Le hemos dejado claro que no se puede intentar contentar a todos en este asunto ni se puede exigir el cumplimiento de la legalidad a medias», expresaba el vicepresidente de Gran Vía Sur-Puerto, José Manuel Santamaría.

Advirtieron de que si no se admiten sus alegaciones presentarán un proceso contencioso-administrativo contra la Conselleria en los tribunales.

Además, dejaron claro que «va a haber cada vez más movilizaciones» y que «no vamos a parar nunca hasta que se cumpla la legalidad».

Hoy está previsto que esta asociación se reúna con el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón.