La acusación dice que Fenoll creó un «macro concurso» delictivo en el origen de 'Brugal'

El abogado de la acusación particular en representación del Ayuntamiento de Orihuela aseguró ayer en la exposición de conclusiones del juicio del caso 'Brugal', en la rama por las supuestas irregularidades en la adjudicación de la contrata de basuras de la localidad, que se juzga un «gran hecho punible» al haberse dado «un macro concurso delictivo» articulado por el empresario Ángel Fenoll, junto con los exalcaldes Mónica Lorente y José Manuel Medina y los empresarios.

El letrado del Ayuntamiento defendió ayer mantener los delitos de prevaricación y fraude principalmente contra Ángel Fenoll como autor de una estrategia conjunta «compleja», en dos fases, para proteger su posición con la mercantil Colsur. En la primera fase de los hechos y asociado al delito de prevaricación, el empresario, según el letrado, obró para que se declarase desierto el concurso municipal de la contrata de limpieza en 2005. Además, la acusación incluye los actos de Fenoll orientados a controlar el proceso del concurso y la adjudicación en 2008 de la contrata municipal a una UTE participada por él y que la acusación particular asocia al delito de fraude.

En este caso han sido juzgadas 34 personas, empresarios y políticos de la Vega Baja, por el supuesto amaño de la contrata de basuras de Orihuela para la que el empresario Ángel Fenoll supuestamente creó una trama para extorsionar a José Manuel Medina y a Mónica Lorente ambos del PP, además de a otros políticos a los que grabó para conseguir «doblegar su voluntad».

La acusación particular mantiene la petición de los delitos de prevaricación, fraude, extorsión, cohecho y tráfico de influencias para Fenoll; prevaricación, fraude y cohecho para Medina, aunque con alguna atenuante, y delito continuado de fraude y prevaricación para Lorente.

El letrado mantiene la acusación contra José Manuel Medina, pero solicitó, sin embargo, «una petición subsidiaria», ya que parte de los hechos se produjeron cuando ya no estaba en Ayuntamiento y, por tanto «la atribución de responsabilidad es compleja», según dijo. Aseguró que su intención fue poner fin al «acuerdo» para la realización del servicio de limpieza, para lo que el exalcalde adoptó dos cautelas: encargar a un servicio externo la elaboración de los pliegos de condiciones y el establecimiento de «medidas especiales» en el proceso de tramitación. En el relato efectuado por el letrado, esa acción es advertida por Fenoll, lo que le lleva a orquestar una trama orientada a «que si el concurso no le era favorable quedaría bloqueado hasta el final de la legislatura».

En el caso de la exalcaldesa Mónica Lorente, la acusación la responsabiliza de dejar desierta la adjudicación, pese a que la contrata fue ganada por la mercantil Urbaser, y de ser la responsable de encargar el nuevo pliego que se adjudicaría presuntamente de una manera irregular en 2008, a la UTE formada por Sufi, Liasur y Gobancast, las dos últimas en manos de Fenoll y creadas para la ocasión.