Los acusados del crimen del alcalde de Polop esperan el veredicto del jurado popular

Los seis hombres y tres mujeres del jurado popular del juicio por el crimen en 2007 del alcalde de Polop de la Marina, Alejandro Ponsoda, donde se piden 25 años de cárcel para el entonces concejal de Urbanismo y sucesor en la alcaldía, Juan Cano, entre otros acusados, iniciaron a primera hora de la tarde de ayer la deliberación para emitir un veredicto por esta causa.

La presidenta del tribunal, la magistrada Cristina Costa, hizo entrega del objeto del veredicto a los miembros del jurado, después de concertar con la fiscalía, la acusación particular y las defensas de los siete acusados la redacción de las 38 preguntas o proposiciones a las que se debe dar respuesta motivada para poder dictar una sentencia fundamentada. «Porque, de lo contrario, les tendré que devolver el objeto del veredicto», les recordó la presidenta del tribunal al dar las habituales instrucciones por las que se debe regir el proceso de deliberación.

La magistrada insistió en que se deben valorar todas las pruebas aportadas en la instrucción y durante el desarrollo de la vista, que no han sido impugnadas por las partes, «sin evaluar opiniones, sino hechos», y siempre teniendo en cuenta «el principio de la presunción de inocencia por el que se rige el sistema penal en nuestro país».

A partir de las 13.00 horas de ayer los componentes del jurado quedaron incomunicados hasta que emitan su veredicto. Para considerar cada una de las proposiciones incluidas en el objeto del veredicto, deben sumar al menos siete votos en cuestiones que resulten desfavorables para los acusados, y cinco cuando se trate de cuestiones favorables.

El juicio se dirige contra el sucesor de Ponsoda en la Alcaldía, el también popular Juan Cano, a quien la fiscalía considera presunto inductor del crimen. A su juicio, Cano pudo actuar movido por su ambición política para ejercer el control sobre las decisiones sobre el municipio. Junto a él se sientan en el banquillo de los acusados el empresario Salvador Ros, el propietario y el gerente del club de alterne Mesalina en el que supuestamente se urdió el asesinato, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, respectivamente, y los tres presuntos sicarios a los que se contrató para que efectuasen los disparos: Radim Rakowski, Robert Franek y Raúl Montero.

La fiscalía y la acusación particular, ejercida por los familiares de Ponsoda, solicitan penas de 25 años de prisión para Cano, Ros, Hermosilla y Gatto como inductores del delito de asesinato, como apunta el sumario, a partir de la investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La petición se eleva hasta los 27 años para los tres supuestos sicarios, a quienes, además, se considera responsables de un delito de tenencia ilícita de armas. Las defensas, por su parte, piden la libre absolución de los siete procesados al considerar que no tuvieron ninguna participación en la muerte de Ponsoda. En esa línea inciden en que no existe ninguna evidencia directa de que pudiesen haberse visto implicados en esos hechos.

En el desarrollo del juicio, que se ha prolongado durante tres semanas, las defensas trataron de desacreditar la versión ofrecida por un testigo protegido, quien declaró ante los investigadores que le habían ofrecido inicialmente a él la posibilidad de ejecutar el asesinato.