Los empresarios alicantinos siguen adelante con su pulso al Gobierno para denunciar «el ninguneo» a la provincia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, ya que la asignación ha pasado de los 298,78 millones en 2021 a los 160,3 millones del próximo año, que, además, suponen un 12,3% menos que la partida de este ejercicio. Cifras que la CEV, Cámara Alicante y el Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante (Ineca) calificaron la semana pasada de «inaceptables».
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De esa rueda de prensa conjunta, tras una reunión previa con asociaciones sectoriales de Alicante y con grandes empresas de la provincia, salió un manifiesto y una llamada a la sociedad civil para movilizarse contra unos presupuestos que, aseguran, «perjudicarán de forma grave el desarrollo socioeconómico, los servicios públicos, la competitividad empresarial, el empleo y el bienestar social».
Es la reivindicación que llevarán hoy hasta Madrid para, en la sede de la CEOE –de la que es vicepresidente Salvador Navarro–, escenificar sus críticas al Ejecutivo central, exigir unos presupuestos justos con Alicante y, de paso, un modelo de financiación que no perjudique a la Comunitat.
Unidad de acción después de unos días de valoraciones por separado y tras los movimientos internos en CEV debido el malestar por las declaraciones del presidente de Uepal, Juan José Sellés, criticando las inversiones en Valencia y el corredor cantábrico-mediterráneo. Sellés, vicepresidente de CEV Alicante, fue destituido y Uepal puso en marcha su propia campaña para pedir presupuestos justos.
De ahí que Ineca, CEV y Cámara hayan sumado esfuerzos y hayan desplegado un intenso calendario para aunar apoyos, especialmente el presidente de esta última, Carlos Baño, que mantenía reuniones con Cámara España y con representantes de los partidos políticos con miras a las enmiendas a los PGE. Precisamente ahí pedía «un frente unido« de cara a la movilización convocada para el día 27 en Madrid.
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«Existe margen para mejorar la fiscalidad»
Sobre la fuga de empresas valencianas hacia otras autonomías, la CEV cree que el análisis «no debe centrarse exclusivamente en el ámbito fiscal» ya que también influye la capitalidad o la agilidad administrativa. A su juicio, aunque el retraso en la reforma de la financiación no favorece la gestión de los presupuestos «existen márgenes para mejorar la fiscalidad y la propia gestión de los recursos públicos».
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