La Diputación se suma al frente común impulsado por Murcia y Andalucía en defensa del Tajo-Segura

La guerra política del agua vive hoy un nuevo capítulo con la adhesión del presidente de la Diputación de Alicante a la declaración institucional suscrita por los jefes de los gobiernos murciano y andaluz para hacer un frente común en defensa del trasvase Tajo-Segura. El presidente de la Generalitat, por su parte, rechaza unirse al acuerdo aunque recalca que también defenderá los intereses de los regantes alicantinos. Mientras tanto, la amenaza de un recorte en el trasvase mantiene en vilo al sector de la agricultura.

La firma de Carlos Mazón al acuerdo murciano-andaluz se ha escenificado este miércoles en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno de la Región de Murcia, tras un encuentro en el que han participado, además del dirigente alicantino y López Miras, el consejero de Agua de esta comunidad, Antonio Luengo, y representantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto del Tajo-Segura (SCRATS) y de las organizaciones Asaja, UPA, COAG, AGRUPAL, APROEXPA y PROEXPORT.

El objetivo de este acuerdo institucional es frenar la intención del Gobierno de la Nación de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura introduciendo una reducción de los 38 hectómetros cúbicos mensuales del nivel 2 que se envían a Almería, Murcia y Alicante, a 27 hm3.

Tras la rúbrica, López Miras ha puesto de manifiesto que el futuro de esos tres territorios "pasa" por el trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que permite "una gestión eficiente y única" del agua, así como una agricultura y una industria agroalimentaria que son "un ejemplo para el mundo".

El murciano ha recordado que una de cada cuatro frutas u hortalizas producidas en el país se cultivan gracias a este trasvase, al tiempo que ha puesto de relieve la solidaridad que implica y sus efectos sobre la cohesión territorial y social de España, además de constituir "una garantía" para evitar la desertización.

Para el presidente murciano, el Tajo-Segura "aporta muchas oportunidades a muchas familias", tanto en términos de empleo, con la generación de 300.000 puestos de trabajo indirectos y 110.000 directos, como de riqueza, pues contribuye con 3.000 millones de euros cada año al conjunto de España.

López Miras ha insistido en que los firmantes del acuerdo institucional, en el que ya están representados unos 12 millones de habitantes, quieren dialogar y "tomar medidas consensuadas" porque "el camino emprendido", en referencia al adoptado por el Gobierno central respecto al futuro del trasvase, "no es el correcto".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante ha asegurado que el trasvase Tajo-Segura "es solidaridad, es futuro, es empleo, es ecología, es sostenibilidad, es medio ambiente y, sobre todo, es España", porque el agua, ha precisado, "pertenece a todos y no sólo a una localidad".

En relación a las declaraciones en las que el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, que aseguró que desde su gobierno no participaría "en ningún aquelarre", Mazón ha instado al jefe del Ejecutivo autonómico a sumarse al acuerdo institucional y así "completar" los apoyos que está recibiendo.

Lucas Jiménez, presidente de SCRATS, ha dado las gracias al jefe del Ejecutivo murciano por su apoyo en un "momento histórico", el actual, "solo equiparable a la fallida aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha". También ha tenido palabras de agradecimiento para Mazón y la Mesa Técnica de Alicante por "aglutinar todas las ideas en torno a una, la defensa del trasvase".

A juicio de Jiménez, "lo realmente preocupante" en este contexto es la elevación "injustificada" de caudales en algunos tramos del río Tajo, porque esto podría suponer el fin de aproximadamente el 50% de los volúmenes que se reciben para regadío.