Arranca el juicio contra los exediles Llorens y Zaragoza por el 'caso Isjoma'

La sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante juzga desde este lunes a los dos exconcejales del Ayuntamiento de la capital Andrés Llorens y Juan Zaragoza, ambos del Partido Popular, por presuntas irregularidades detectadas en las adjudicaciones culturales y festivas en el conocido como 'caso Isjoma'.

Además de los dos exediles, se sientan en el banquillo el gerente de Isjoma, empresa ya extinguida, y dos técnicos municipales, que han defendido que en su actuación respondían a las órdenes de un jefe de servicio, de Atención Urbana, que falleció el pasado año. Los dos exconcejales declaran este martes.

En la primera sesión han declarado el gerente de Isjoma Isidro Gómez y dos técnicos municipales. El gerente ha dicho que a él le indicaban cómo facturar o certificar y que él de lo que se preocupaba era de "trabajar, de montar los escenarios y que no cayese ninguno".

Preguntado por el fiscal anticorrupción por qué constan facturaciones con los mismos conceptos, ha respondido que eso sucede cuando "por ejemplo, montas uno y cae una tromba de agua, la instalación hay que montarla de nuevo a la semana siguiente". Asimismo, ha reconocido haber participado en dos comidas con Juan Zaragoza y con Andrés Llorens, pero ha negado que hubiera solicitado su intervención para acceder a la licitación.

En el juicio, el fiscal ha preguntado por qué no se hizo un contrato público para las adjudicaciones de suministro de sillas de la Explanada, unos conceptos que se reiteran hasta en tres facturaciones distintas con el mismo objeto de contrato. El otro técnico acusado ha asegurado que cumplía las órdenes del jefe de servicio ya fallecido.

Según ha especificado, el robo de los sillones de la Explanada provocó que el Ayuntamiento tomara la decisión de no realizar contratos mayores, pues no estaba dispuesto a asumir pérdidas por este hecho de alrededor de 20.000 euros al año.

Los abogados de la defensa han solicitado en las cuestiones previas que se invalide la prueba de los detectives, pues no hay una transcripción íntegra de las declaraciones del concejal Juan Zaragoza, y han alegado también que no se ha verificado la autenticidad del dispositivo con el que se obtuvieron las mismas y que el edil hubiera podido ser "engañado" para realizarlas.

También han pedido que no se consideren las pruebas obtenidas a partir de los ordenadores intervenidos a la empresa de Isjoma, ya que el permiso para que pudieran analizarse fue concedido "voluntariamente" por el gerente de la entidad, pero no para cualquier fin, como han denunciado que se ha realizado. Además, han solicitado que se declare la prescripción de la causa.

Anticorrupción mantiene que entre los años 2003 a 2009, y con la intención de favorecer a la misma empresa, se tramitaron como contratos menores adjudicaciones de suministro, montaje y desmontaje de escenarios y la colocación y retirada de sillas, cuando superaban el límite cuantitativo establecido para seguir este trámite, con el fin de eludir los procedimientos y las adjudicaciones legales.

El Ministerio Fiscal solicita penas de entre uno y tres años por varios delitos de prevaricación en concurso con un delito continuado de fraude a la administración.

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