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AGENCIAS / C. C.
ALICANTE.
Martes, 19 de marzo 2019, 00:50
La incertidumbre ante las últimas noticias sobre el trasvase Tajo-Segura ha inquietado al campo alicantino y la Asociación Jóvenes Agricultores (Asaja) anunció ayer que recurrirá ante la Unión Europea la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo. La asociación apunta también a «presiones políticas» en esta polémica resolución.
En un comunicado, Asaja de Alicante aseguró haber «recibido como un duro golpe» este fallo del TS que anula varios artículos del citado plan hidrológico por no fijar caudales ecológicos en Aranjuez (Madrid), Toledo y Talavera de la Reina (Toledo). La asociación avanzó que «adoptará las medidas necesarias y realizará todas las gestiones posibles en el seno de la UE para que la sentencia no surta efecto, ya que es un duro golpe contra el trasvase Tajo-Segura y los intereses de los agricultores de Alicante, Murcia y Almería».
«Esta decisión judicial complicará el desvío de traspasos de agua al sureste peninsular de la que dependen más de 300.000 empleos y cultivos como los cítricos, las hortalizas y también frutales de hueso y pepita», según Asaja de Alicante. Esta organización sostiene que «al ser un fallo del TS, contra él sólo cabe recurso ante el Tribunal Europeo».
El presidente de Asaja de Alicante, Eladio Aniorte, reflexionó acerca de que la sentencia del TS «podría estar influenciada por presiones políticas» y «condiciona» el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura al resultado electoral del 28 de abril.
Aniorte destacó «la urgencia de impedir que se limite el trasvase Tajo-Segura» y recordó el número de puestos de trabajo que dependen de esta infraestructura: más de 300.000 empleos relacionados con la agricultura y el turismo en Alicante, Murcia y Almería, según las estimaciones. En concreto, y en lo referente a la provincia alicantina, el trasvase es una infraestructura «vital» de la que depende la economía agraria de la Vega Baja y el campo de Elche, según Aniorte. Ambas zonas, asegura Asaja, suponen más del 58 % de la agricultura que se desarrolla en la provincia de Alicante en términos de renta agraria.
Por su parte, la Comunidad General de Riegos de Levante pidió ayer «tranquilidad y rigor» ante la sentencia del Supremo que anula varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo y dijo que el nuevo Gobierno que salga de las urnas debe ser quien fije un régimen de caudales completo con un rigor técnico.
El presidente de la Comunidad General de Riegos de Levante, Javier Berenguer señaló, en referencia a la modificación de los caudales ecológicos, que la sentencia «sólo recoge que hay que establecer un régimen de caudales completo». Según Berenguer, esto supone que el Gobierno, «previsiblemente el nuevo» que salga elegido tras los comicios del 28 de abril, debe ser quien fije y establezca los caudales «con el rigor técnico».
En un comunicado, el presidente de Riegos de Levante -entidad que integra a varias comunidades de regantes y da servicio a más de 20.000 comuneros- indicó que «esto no significa que los caudales ecológicos suban», sino que «pueden permanecer invariables si así se determina por las normas técnicas que regulan sus cálculos».
Por otra parte, Berenguer expuso que el recurso que ha dado lugar a la sentencia del TS «pretendía invalidar la legalidad de las reglas del Memorándum y del Real Decreto», que, según añadió, «son las que rigen en la actualidad el funcionamiento del trasvase Tajo-Segura, y esto ha sido rechazado por el Tribunal Supremo». En este aspecto, consideró, sale reforzado el trasvase.
Los regantes piden «tranquilidad y rigor» y «huir de declaraciones poco rigurosas que se han realizado por personas no representativas y que ni siquiera se han leído la sentencia», manifestó el presidente de la Comunidad de Riegos de Levante.
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