Cinco vertederos de la provincia superan los límites de basura aconsejados

La plataforma Ecologistes en Acció ha alertado de que la vida útil de los cinco vertederos asociados en plantas TMB -tratamiento mecánico-biológico- de la provincia de Alicante tendrían una vida útil de sólo tres años y medio, según los datos de llenado y volumen libre existente a finales de 2018.

«El colapso y saturación próxima de esos vertederos es una realidad que se conoce desde hace tiempo pero, como en el caso del transatlántico Titanic, las grandes inercias y los intereses existentes impiden un cambio de rumbo adecuado», denunció la plataforma en un comunicado tras acceder a esos datos después de presentar una queja ante la Sindicatura de Greuges. Sobre los vertederos, alertan de que el de Villena ya se saturó porque se llenaron por completo sus celdas. Según mantienen, la misma dinámica espera al resto de puntos de la provincia de Alicante. Actualmente el vertido de los residuos de Villena se hace en dos vertederos privados de residuos industriales de Novelda y Villena.

En 2018 se vertieron 560.000 toneladas de residuos municipales después de pasar por las plantas TMB, de un total entrante de unas 800.000 toneladas, lo que representa el 70,4%, que supera en 25 puntos el vertido máximo autorizado por el Plan Integral de Residuos (PIRCV), que es del 45%.

Además, el año pasado sólo se recuperaron 21.500 toneladas de subproductos -plásticos, metales, papel y cartón-, sin contar con las 11.354 toneladas de compost producido, lo que supone el 2,70% del total de residuos municipales que entraron en las plantas TMB. El PIRCV marca como objetivo la recuperación mínima del 9% de subproductos.

«Estos datos demuestran la nefasta gestión de los residuos municipales que se hace en el País Valencià y, en especial, en las comarcas alicantinas. La Conselleria competente debería abrir un expediente sancionador a las corporaciones responsables de la gestión de esas plantas TMB y vertederos (FCC, Cespa-Ferrovial, Urbaser-Dragados, Hormigones Martínez, Ortiz e Hijos, etc.) e incluso a la empresa pública Vaersa», reclamaron. Para los ecologistas, los cambios en el modelo de gestión y recogida de los residuos municipales «son urgentes no sólo para cumplir la normativa autonómica».

El incumplimiento más que probable de la legislación europea, que exige reutilizar y reciclar el 50% de los residuos generados en 2020, «conllevará sin duda sanciones en los ayuntamientos y consorcios de residuos, que acabaremos pagando la gente de a pie», advirtieron los ecologistas. Frente a ello, «la alternativa es continuar llenando los escasos vertederos que quedarán o abrir otros nuevos, con los gravísimos impactos asociados que conlleva, como la generación de gases de efecto invernadero, los malos olores, el riesgo de cáncer en las poblaciones próximas, el riesgo de contaminación de acuíferos o incendios», lamentaron.