La Diputación de Alicante recurre ante el Supremo la modificación de las reglas de explotación del Tajo-Segura

Los servicios jurídicos de la Diputación de Alicante han interpuesto ante el Tribunal Supremo (TS) el recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto aprobado por el Gobierno Central por el que se modifican las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

El procedimiento judicial fue presentado el pasado jueves ante el alto tribunal al entender la Diputación que esta medida, que entró en vigor el pasado mes de julio y que redujo la transferencia mensual a 27 hectómetros cúbicos, es "arbitraria", "extemporánea" y "atenta contra los intereses de la provincia, según ha informado este lunes la corporación provincial.

El presidente de la institución, Carlos Mazón, ha recalcado que, con este recurso, "damos un paso más en la defensa legítima de nuestra provincia y de nuestros agricultores y regantes ante un Gobierno cuya hoja de ruta es liquidar definitivamente el trasvase Tajo-Segura poniendo en riesgo el futuro de esta tierra, que es la huerta de Europa".

"Como ya hemos dicho muchas veces, no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a defender a ultranza una infraestructura que es vital para para esta provincia, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico", ha señalado.

Asimismo, ha recordado que, además de este recurso, desde la Diputación de Alicante se han presentado alegaciones ante los "continuos recortes" promovidos por el Ministerio de Transición Ecológica, al tiempo que se han respaldado distintas movilizaciones en defensa del trasvase que ha advertido que "se intensificarán si, como nos tememos, el Gobierno de Pedro Sánchez no da marcha atrás en su funesto plan".

En este punto, ha señalado que está previsto que en diciembre se apruebe el incremento de los caudales ecológicos "lo que dará la puntilla definitiva a esta obra".

Por ello, ha vuelto a criticar al Gobierno por "ningunear y agraviar a la provincia de Alicante, atentando contra sus intereses de forma reiterada ya que todos los meses, desde hace más de dos años, adopta decisiones, sin ningún tipo de criterio técnico y científico que las avale, cuyo único objetivo es acabar con el trasvase, abocando a la ruina a miles de agricultores y regantes de esta provincia y del conjunto del sureste español".

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