Intervenidas en Alicante casi 12 toneladas de pescado con fecha de caducidad modificada

La Guardia Civil ha investigado en la provincia de Alicante a tres hombres y a una empresa como presuntos autores de un delito contra la salud pública, un delito de falsedad documental y un delito contra el mercado y los consumidores.

Dentro de la investigación a nivel europeo que el SEPRONA de la Guardia Civil está llevando a cabo, en relación al fraude alimentario, las Patrullas de Alicante y de Monóvar, con la colaboración del Inspector de Pesca Marítima de la Generalitat, han procedido a la incautación de 11.500 kilos de doradas y lubinas, por presuntas irregularidades en la determinación de su origen y fecha de caducidad, que podrían constituir un riesgo para la salud de las personas.

Los hechos han tenido lugar tras la inspección de las instalaciones de una empresa dedicada al engorde, importación y comercialización de productos pesqueros, ubicada en la zona sur de la provincia de Alicante. En ella se constató que envasaban doradas y lubinas, procedentes de la acuicultura local, cuyo destino final era la venta al consumidor a través de varias cadenas de alimentación.

Asimismo, la empresa importaba las mismas especies desde Turquía, sin embargo, estos especímenes eran reenvasados y reetiquetados modificando su origen, del turco al español, y cambiando la fecha de captura para darle más amplitud a la fecha de caducidad.

Posteriormente, se pudo verificar in situ que el producto había llegado a los establecimientos de venta al público bajo estas condiciones irregulares. Los pescados en venta de los mostradores y neveras tenían un color de agallas o de ojos que no se correspondía con la frescura indicada en las etiquetas.

Debido al considerado riesgo que suponía el consumo de estos productos por parte de las personas, avalado por los informes de los inspectores de seguridad alimentaria, la Guardia Civil procedió a la inmovilización inmediata, retirada del mercado y destrucción de cerca de 12 toneladas de productos pesqueros reenvasados, localizados en una nave y en tres supermercados.

Los presuntos autores de este fraude alimentario: tres hombres españoles y una empresa, han sido investigados por un delito contra la salud pública, un delito de falsedad documental y un delito contra el mercado y los consumidores.

Ahora, la labor del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) continúa para determinar cuánto tiempo podría llevar la mercantil realizando esta actividad ilícita y, por consiguiente, cuántos productos se han podido poner a la venta en el mercado.