La justicia reabre el caso de los disfraces de menores en el Carnaval de Torrevieja

La polémica de las menores disfrazadas con lencería erótica en el Carnaval de Torrevieja vuelve a la palestra. La justicia ha reabierto el caso después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad decretara el archivo de las denuncias interpuestas por la Fundación Española de Abogados Cristianos.

Esta fundación, no conforme con el sobreseimiento del procedimiento, se ha mantenido firme y ha vuelto ha intentar que los responsables paguen por lo ocurrido. Esta vez es el magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja quien ha dictado el auto se reabra con fecha 9 de abril. Según indica, «desprendiéndose de las actuaciones recibidas indicios por los cuales se puede atribuir a personas determinadas participación en el hecho a que se contrae este procedimiento, es procedente decretar la reapertura de estas actuaciones».

El juez ha citado a los denunciantes el próximo 28 de mayo. Al día siguiente están llamadas a declarar las dos personas investigadas y el día 30 será el turno de escuchar al testigo.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha celebrado la decisión del magistrado. Según ha asegurado, «se trata de proteger la inocencia de los niños y evitar que se les hipersexualice». En ese sentido, Castellanos ha insistido en que «ante todo está el interés superior del menor y no podemos consentir que estos actos, respaldados además con dinero público, queden impunes».

Cabe recordar que la fundación presentó una denuncia en febrero contra los responsables del desfile de Carnaval celebrado el 5 de febrero. Puso en el punto de mira a la edil de Fiestas, Rosario Martínez; al presidente de la Asociación Cultural Carnaval de Torrevieja, Francisco Pizana, y al secretario, Armando Bueno; y a las responsables de la comparsa 'Osadía'. Abogados Cristianos creía que podría haberse cometido un delito de utilización de menores para espectáculos exhibicionistas y de corrupción de menores. Además, reclamaba que le retiraran el cuarto premio obtenido y su correspondiente recompensa económica.

En aquel momento, desde el consistorio se indicó que su relación con el Carnaval era de mera «colaboración» y que era la asociación la encargada de la organización del desfile y del resto de actos.

A finales de febrero el Juzgado de Instrucción número 1 abrió diligencias para «averiguar la identidad y circunstancias de las personas responsables y la realidad de los hechos sucedidos, por si fueran constitutivos de delitos, según figura en ese primer auto. Sin embargo, pocos días después, a principios de marzo, su titular procedió al archivo al no apreciar que no se daban los «elementos para penalizar la comisión del delito denunciado».

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