Ortiz: «Nunca me enseñaron planos del Plan General»

Los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, ambos del PP, han llegado a la Audiencia Provincial para ser interrogados por su supuesta participación en el amaño del Plan General de Urbanismo (PGOU) de la ciudad entre 2008 y 2010 a favor de otro de los acusados, el constructor Enrique Ortiz.

Castedo, Díaz Alperi y Ortiz son los tres principales encausados en esta rama del caso 'Brugal', en la que también se sientan en el banquillo de los acusados con un jurado popular otras seis personas ligadas a los expolíticos o al empresario.

El primero de los tres en llegar a la Audiencia Provincial de Alicante ha sido Ortiz quien, sin hacer declaraciones a los periodistas, ha entrado a la sede judicial portando en la mano la obligada mascarilla contra la expansión de covid-19.

Cinco minutos antes de las 10 horas, cuando estaba señalado el inicio de la sesión, ha llegado el exalcalde Díaz Alperi, quien se ha limitado a dar los buenos días a la prensa, y dos minutos después lo ha hecho su sucesora en la alcaldía, Sonia Castedo, también sin detenerse y acompañada por su abogado, Ignacio Gally.

Hoy se reanuda el juicio después de varias sesiones en junio para las cuestiones previas, entre ellas las solicitadas por las defensas de anular las intervenciones telefónicas que sustentan las acusaciones y que el tribunal ha resuelto dilucidar al término del juicio.

En la jornada de este miércoles está previsto que sean interrogados Ortiz, Díaz Alperi y Castedo, por este orden, sobre el PGOU investigado y que no llegó a entrar en vigor.

El empresario alicantino es el primero en someterse a las cuestiones del fiscal. Ha admitido que mantenía una buena relación con Sonia Castedo por ser constructor y ella edil de Urbanismo. Pero Ortiz ha negado haber obtenido información sobre el PGOU antes de que el documente viese la luz. "Nunca me dieron ningún plano del Plan General", ha manifestado el promotor. También ha repetido en dos ocasiones la frase "Castedo no me apañó nada".

La fiscalía Anticorrupción considera que los dos expolíticos populares facilitaron al promotor información sobre el futuro planeamiento urbanístico de la ciudad durante su fase de redacción, cuando su diseño todavía no era público, a cambio de supuestas prebendas.

Entre ellas, diversas entregas de dinero en metálico, un vehículo modelo Mini Cooper y varios viajes pagados a Ibiza, Creta y Andorra, según el sumario.

Anticorrupción solicita diez años de prisión para Castedo, y 10 años y 2 meses para Díaz Alperi tras acusarles a ambos de delitos continuados de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencias, y en lo que respecta a Ortiz pide 8 años por supuesto tráfico de influencias y cohecho.

Además de Castedo, Díaz Alperi y Ortiz, la causa se sigue contra los abogados socios del bufete Salvetti, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa); contra el promotor ilicitano Ramón Salvador y contra tres personas vinculadas a las empresas de Ortiz en el momento de los hechos: Santiago Bernáldez, Pablo Rico y Virgilio Ortiz (hermano de Ortiz).

El turno de los testigos, por su parte, comenzará a partir del 5 de octubre, cuando está prevista la declaración de los arquitectos urbanistas que participaron en la redacción del PGOU en sus distintas fases, Luis Cantallops y Jesús Quesada.

En esa fecha, también se prevé que declaren varios técnicos de la concejalía de Urbanismo.