El pleno del Ayuntamiento de Alicante aprueba pedir la inclusión del 24 de junio como festivo autonómico

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado una declaración institucional para pedir al Gobierno modificar los días festivos con el objetivo de asegurar la festividad laboral a nivel autonómico del 24 de junio, día de la 'Cremà' de les Fogueres. Asimismo, también ha dado luz verde por unanimidad a desarrollar un plan de salud mental.

En concreto, los grupos han aprobado -con el apoyo de cuatro partidos y la abstención de EU- una declaración institucional del PP para instar al Gobierno de España a la modificación de la legislación que regula los días no laborales para asegurar la festividad laboral a nivel autonómico del 24 de junio. Mientras tanto, la propuesta del PSPV para exigir lo mismo al Consell ha sido rechazada con el 'no' de PP y Vox.

En cuanto a la propuesta del PP, la concejala Cristina Cutanda ha defendido la declaración, que busca plantear al Gobierno de España la modificación del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos.

Concretamente, busca que se modifique el Estatuto de los Trabajadores para ampliar de 14 a 15 el máximo legal de fiestas laborales con carácter retribuido y no recuperable, de los que las autonomías dispondrían de tres -uno más que ahora- para fijar un festivo autonómico a su libre elección.

Por otro lado, toda la corporación municipal ha votado a favor de una declaración institucional -presentada conjuntamente por PP, PSPV, Compromís y EU-Podem- para acordar desarrollar un Plan de Salud Mental para la ciudad de Alicante durante el año 2024, y otros acuerdos complementarios.

Para defenderla, Javier Macía, de la ONG Adiem, ha reclamado que la salud mental sea «prioridad» y darle visibilidad para evitar «efectos devastadores», con el objetivo de prevenir y atender problemas derivados y mejorar la autonomía de los afectados. Para ello, ha abogado por un trabajo colaborativo a nivel público privado.

Por otra parte, la oposición de izquierdas no ha recibido apoyo de PP ni Vox en dos declaraciones institucionales diferentes sobre la estación Intermodal -de PSPV y Compromís-. Ambas pretendían instar al Consell a adjudicar el proyecto.

La portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha censurado los «cambios y vaivenes» del alcalde de Alicante, Luis Barcala, sobre la Intermodal y se ha preguntado «qué ha pasado para que lo paralice». Desde Compromís, Sara Llobell ha acusado al primer edil de ser «cómplice necesario» y al PP de poner «palos en las ruedas».

Al respecto, desde Vox, el concejal Óscar Castillo también ha instado a «dejarse de vaivenes», pero ha criticado los «desaguisados que el Botànic dejó» para argumentar los retrasos. Desde el equipo de gobierno, el concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha defendido que no hay disponibilidad de terrenos y ha sostenido que están «sufriendo la nula incapacidad de la gestión de ocho años del Botànic».

Barcala ha intervenido en este punto y ha insistido en que la estación Intermodal será donde confluyan las estaciones de Alta Velocidad, Cercanías, Tram, taxis y autobuses, además de otros elementos como el parque central por ser de la OI2. «Ahora iniciamos el pormenorizado de la OI2 y es donde hay que encajar las distintas fichas», ha sostenido, al tiempo que ha ironizado con que al Botànic se le «olvidara suscribir los convenios para que la cesión de suelo estuviera disponible».

Tras aprobar su inclusión de urgencia en el pleno, se ha aprobado una declaración para «mostrar rechazo a la decisión del PSOE y Sumar de prohibir vuelos cortos en España», que ha recibido el apoyo de PP y Vox y el rechazo de los grupos de izquierda.

La portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha tachado este acuerdo como «una ocurrencia del Gobierno» y una «desastrosa» decisión que, según ha afirmado, «pondrá en peligro cerca 6.000 empleos en toda la ciudad», lo que considera que «lastraría aún más la ciudad, el turismo y la economía». Por su parte, la izquierda ha rechazado esta posibilidad y ha insistido en que Alicante «no va a perder ningún vuelo».

En las declaraciones institucionales, también ha salido adelante con el apoyo de PP y Vox una para instar al Gobierno de España a que modifique la legislación de Costas «en defensa de la costa alicantina», ante la «arbitrariedad e inseguridad jurídica», según ha indicado el concejal 'popular' Manuel Villar. Los grupos de izquierdas la han rechazado y han acusado de pretender usarlo para «especular» económicamente.

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