Solicitan a Fiscalía ampliar la investigación de vacunas irregulares al obispo y sus familiares

Los dos presidentes de colectivos vecinales de Alicante que presentaron una denuncia ante Fiscalía para pedir la inhabilitación de los cargos públicos que no hayan respetado los protocolos de vacunación contra la covid-19, han pedido en un nuevo escrito al ministerio público que amplíe las diligencias previas abiertas a otras personas que se hayan podido vacunar sin respetar el orden de prioridad, como el obispo Jesús Murgui y sus familiares.

El escrito de los activistas vecinales no nombra expresamente al obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante aunque, junto al documento presentado en Fiscalía, los denunciantes han adjuntado informaciones periodísticas sobre la supuesta vacunación irregular de Murgui, cuyo caso se hizo público el pasado 3 de febrero.

Murgui recibió la primera dosis de la vacuna de Pzifer el pasado 8 de enero en la residencia de la Casa Sacerdotal de Alicante, un edificio con habitaciones destinadas a albergar estancias fijas y temporales de sacerdotes de la Diócesis. La Diócesis negó "trato de favor sanitario" y defendió que el prelado que "ha cumplido el protocolo prescrito" y "siguiendo la dinámica de las demás campañas de vacunación", debido a su "vinculación sanitaria".

Sin embargo, el obispo anunció que renunciaba a la segunda dosis vista la "repercusión mediática". El pasado viernes se hizo público que la hermana y el cuñado de Jesús Murgui también recibieron la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 al convivir con él. También se le inoculó al vicario general de la Diócesis, Vicente Martínez.

La lista inicial entregada por los dos presidentes de colectivos vecinales hacía referencia a la vacunación de los alcaldes de El Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives -ambos del PSPV y matrimonio-; el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano (PP); el diputado provincial encargado de la gestión del Dr. Esquerdo, Juan Bautista Roselló (PP); el concejal de Sanidad de Orihuela, el 'popular' José Galiano; el edil de Sanidad de Benejúzar y excomisionado de Salud del Departamento de Torrevieja, José Antonio García Gómez (PSPV) y la concejal de Bienestar Social de Dénia, la única que ha dimitido por tales hechos, Cristina Morera (PSPV).