Un técnico de Ortiz niega que supiera el resultado de las alegaciones al PGOU

El responsable del área de Gestión de Suelos del Grupo Ortiz, Javier Llorens, ha declarado hoy, en el juicio sobre el supuesto amaño del PGOU de Alicante, que en el grupo empresarial desconocían «cómo se iban a resolver las alegaciones» a esa propuesta de planeamiento, tras sus dos aprobaciones provisionales.

"De hecho, nos desestimaron la mayoría y lo supimos cuando nos lo comunicaron como el resto", ha añadido.

En esta línea, también ha apuntado, en respuesta a las preguntas formuladas por el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, que los planos de los que se habla en las conversaciones grabadas por la Policía "eran internos elaborados por nosotros sobre los suelos del grupo que podían quedar recogidos como parques naturales, a partir de la información pública de que disponíamos, como el PGOU de 1987, el avance de la revisión, del año 2002 o la red de espacios natura, por ejemplo".

Ha sostenido que Ortiz no le facilitó documentos relacionados con la revisión del PGOU y que no mantenía una relación personal con el arquitecto encargado de asumir su redacción, Jesús Quesada, tras la rescisión del contrato con el primer redactor, Luis Cantallops.

"Tenía un trato profesional con él porque su empresa, Laboratorio de Proyectos, hizo un trabajo para el grupo en el sector Armanello de Benidorm, pero nada más", ha dicho.

La causa, una de las veinte piezas en las que se dividieron las investigaciones del llamado caso Brugal sobre las irregularidades en la adjudicación de la basura de Orihuela, se dirige contra los exalcaldes del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, y contra el promotor Enrique Ortiz.

La Fiscalía considera que los dos expolíticos concedieron un trato de favor al conocido constructor en el nuevo planeamiento de la ciudad durante su fase de redacción, a cambio de la entrega de diversas prebendas: dinero en metálico, viajes pagados a Creta, Andorra e Ibiza y hasta un vehículo modelo Mini Cooper, entre otras.