Termina el juicio por el origen del 'caso Brugal' después de diez meses

Los 34 acusados en la presunta trama de corrupción política y empresarial en torno a la contrata de basuras de la ciudad de Orihuela rehusaron el turno de última palabra en el cierre del juicio que se ha celebrado durante los últimos 10 meses en la sede ilicitana de la Audiencia Provincial de Alicante. Se trata del origen del denominado caso 'Brugal', que dio origen a una veintena de piezas separadas en toda la provincia de Alicante.

La de las basuras de Orihuela ha sentado en el banquillo del os acusados a los exalcaldes oriolanos José Manuel Medina y Mónica Lorente, y al industrial Ángel Fenoll. En la última sesión, ninguno de los 34 acusados quiso hacer declaración alguna al tribunal. Se limitaron a dar las gracias tanto a los jueces como al misterio fiscal, a la defensa y a la acusación particular por el trato recibido en estos cerca de 10 meses.

Los 34 acusados se fueron levantando uno a uno. Algunos no quisieron decir ninguna palabra, mientras que otros se mostraron agradecidos por el trato y la paciencia de todas las partes desde el 5 de marzo, fecha en la que arrancó el juicio.

La investigación comenzó en 2006 por el posible amaño en el contrato local de las basuras durante la etapa del alcalde José Manuel Medina, del PP. De las 34 personas que se enjuician en esta rama inicial del 'Brugal', 15 han tenido o tienen la condición de autoridad o funcionarios públicos como los referidos exalcaldes Medina y Lorente y siete exediles de la corporación municipal. Para Medina, la fiscalía pide 12 años de prisión por prevaricación, fraude y cohecho; para su sucesora Lorente ocho años por fraude; y para el principal implicado, el empresario Ángel Fenoll, un total de 37 años y 8 meses por prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, uso de información privilegiada y delito electoral.

En declaraciones a los periodistas, el abogado de Fenoll, Mariano Bo, hizo hincapié en el «esfuerzo extraordinario» del ministerio fiscal por encontrar alguna prueba, «que no existe», de la culpabilidad de cualquiera de los imputados de esta causa. Bo destacó el trabajo y la profesionalidad de la sala, «garantizando los derechos de acusación y defensa», aunque apuntó que a lo largo del proceso han aprendido que «se debe evitar» los macrojuicios ya que es «difícil» actuar con ese volumen de folios, detalles, testigos y responsabilidad. Sobre una posible absolución, dejó claro que «puede haber habido conductas reprochables, pero penalmente no hay ninguna conducta sancionable». La letrada de Mónica Lorente dijo que la «única resolución justa seria la absolución para todos».