El TSJ condena al Ayuntamiento de Benidorm a pagar 330 millones de euros de compensaciones urbanísticas en la Serra Gelada

El Ayuntamiento de Benidorm se enfrenta a un problema descomunal que podría, incluso, ponerle en bancarrota. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) le obliga a indeminzar con más de 330 millones de euros a los propietarios de los terrenos ubicados en Serra Gelada por el incumplimiento de los convenios urbanísticos acordados, según informa Todoalicante.

Hace ya más de 20 años desde que el Ayuntamiento de Benidorm y los dueños del Área de Planeamiento Remitido (APR) 7 firmaran un convenio por el que el Consistorio, ante la inminencia de la declaración de la Serra Gelada como Parque Natural y protegido, se comprometió a compensar a los dueños con suelo en otras zonas del municipio.

Aquel documento, que caducó en 2018 (y que había sido modificado previamente hasta en dos ocasiones), jamás llegó a sustanciarse. Como consecuencia, se inició un interminable proceso de reclamaciones administrativas y judiciales que ha tenido esta segunda resolución en el TSJ.

La Sección Primera de la Sala del Contencioso-Administrativo del TSJ da la razón a los dueños de los terrenos: Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL, ambos representados por el bufete Domingo Monforte Abogados Asociados. Revoca la sentencia del juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Alicante y condena al Ayuntamiento de Benidorm al pago de 283.055.720,12 euros más intereses legales, calculados en unos 50 millones de euros.

Se trata de un total de 494.414 metros cuadrados ubicados en el actual Parque Natural de la Serra Gelada, un paraje que no siempre fue así. De hecho, la Sierra Gelada de Benidorm fue calificada como suelo urbano en 1963. En el Proyecto de delimitación de suelo urbano, en 1982, se ordenaron las zonas X, Y, Z y la zona especial. Hasta 1988, en proyecto de revisión de PGOU en que se crea el Área de Planeamiento Remitido (APR7) no había existido esa denominación y área de ordenación.

Sin embargo, el APR7 nunca ha sido aprobado como suelo urbano estando suspendida su aprobación por resolución confirmada por TSJCV 11 de enero de 1999, ya que la Generalitat tramitó un Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Fue entonces cuando el Ayuntamiento de Benidorm aprobó en pleno un convenio el 25 de abril de 2003, con el popular Vicente Pérez Devesa al frente, que desclasificaba el suelo de Serra Gelada a cambio de compensar a sus propietarios por el aprovechamiento urbanístico en dicha zona por su valor monetario o en terrenos en otras partes del municipio.

Estos convenios se renovaron en 2010 y 2013 por el socialista Agustín Navarro. Pero nunca llegó esa compensación y comenzó la vía judicial. El Ayuntamiento de Benidorm entiende que esos convenios son nulos de pleno derecho porque la cesión jamás se hizo efectiva. E inició un expediente de nulidad para no tener que cumplir.

Ahora, el TSJ da la razón a los propietarios del suelo y entiende que el Ayuntamiento benidormí tiene que cumplir esos convenios urbanísticos, que tienen plena legitimidad. Al no haberles compensado en terreno, el Consistorio tendrá que hacerlo con esos 283 millones de euros, más intereses, según el fallo del tribunal.

Todavía queda opción a un recurso de casación ante el Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

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