Los vecinos piden que la descarga de graneles sea siempre en naves cerradas

La Generalitat ha autorizado a las mercantiles que operan con graneles en el Puerto de Alicante que puedan hacerlo al aire libre en casos excepcionales y tanto el Ayuntamiento como la plataforma Por Un Puerto Sostenible lo han rechazado de forma frontal. El concejal de Medio Ambiente criticó ayer al Consell por autorizar estas maniobras cuando las naves ni si quiera están construidas. La plataforma, por su parte, anunció que ha interpuesto un recurso de alzada contra la autorización emitida por la Dirección Territorial de la Conselleria de Agricultura. Consideran que se ha «manipulado y tergiversado la normativa autonómica».

La plataforma exigió a la consellera Mireia Mollà la rectificación de la autorización y el cese de la directora Territorial, Carmen Catalá, sobre la que la estudian la interposición de una querella por prevaricación, al permitir que el Puerto de Alicante «siga contaminando con esta actividad».

Por un Puerto Sostenible denuncia que la Dirección Territorial se ha sometido a las presiones del presidente de la Autoridad Portuaria, ya que la resolución sólo puede tener la intención, a juicio de los vecinos que componen esta asociación, de que «la carga y descarga se puedan continuar llevando a cabo en los muelles 11 y 13 al aire libre, perpetuando los incumplimientos legales». Desde el colectivo aseguraron que la autorización permite que la actividad de carga y descarga pueda seguir realizándose al aire libre en caso de avería en las instalaciones de la nave cerrada, para todos los materiales de importación: graneles que vengan en barco y se descarguen en el muelle y siempre que se supere la capacidad de la nave. Esto implica, que «a pleno rendimiento» se podrá continuar «amontonando y cargando» fuera de ella.

La rechazó de forma contundente y desde el «estupor y la indignación», el contenido de la resolución, ya que «la Conselleria que dirige Mireia Mollà permite que se pueda realizar la actividad contaminante al aire libre y, por tanto, poniendo en riesgo la salud de los habitantes de los barrios más cercanos al Puerto». Para este colectivo, la resolución incluía la autorización de una nave cerrada para realizar esta actividad, y el establecimiento de un periodo transitorio hasta su construcción, después de que se modificara en julio de 2018 la autorización inicial de 2016.

Esta noticia, a juicio de los vecinos, supone «un claro paso atrás» en el compromiso que se había adquirido, y el incumplimiento de la normativa que llevó a la licitación el proyecto de nave cerrada. También solicitan que se tenga en cuenta las recomendaciones del Defensor del Pueblo de 2016, del Síndic de Greuges de 2018, y el auto provisional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de enero de 2018, ratificado como sentencia firme el 29 de octubre de 2019, donde el alto tribunal acredita que las naves cerradas son la única forma de cumplir la normativa ambiental para este tipo de actividades contaminantes, a la vez que da por probados que los niveles de contaminación suponen un riesgo para la salud de la ciudadanía.