Los vecinos más olvidados del Cabanyal: «vivir en una cárcel es mejor»

«Vivir en una cárcel es mejor», sentencia antes de levantarse una de las personas que se reúnen alrededor de unos cafés con leche en un bar de la calle de la Reina para atender a LAS PROVINCIAS. Vive o tiene una propiedad en los Bloques Portuarios, como ocurre con el resto de congregados, hartos de lo que puede considerarse la nueva zona cero del Cabanyal, las viviendas olvidadas por el Ayuntamiento.

«Cuando era una niña escuchaba el mar por las noches», recuerda una señora octogenaria. «Ahora tengo tres cerraduras en mi puerta», admite para expresar los problemas que sufren por las continuas ocupaciones ilegales y la degradación de muchas de las viviendas.

Sólo es necesario un paseo para darse cuenta de que la ubicación privilegiada de los 168 pisos construidos en 1956 no sirve de nada. El plan para la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez los condenó a la piqueta y la Administración empezó a comprar viviendas para facilitar la demolición. Fue el principio de una ruina que no ha tenido fin, ni siquiera ahora que el Ayuntamiento ha derogado la prolongación.

«Estos tres años no han hecho nada desde el Ayuntamiento», indica otro de los vecinos. Todos prefieren que no aparezcan sus nombres en el artículo por temor a las represalias. Ni nombres ni fotos, lo que no es necesario porque lo importante son sus historias y el tortuoso camino recorrido para tratar de que se rehabilite el bloque.

Las 168 viviendas están repartidas en una docena de patios. De los pisos, un total de 77 son propiedad del Consistorio, la empresa Plan Cabanyal-Canaymelar o la Generalitat. Según el último recuento, 47 inmuebles (entre públicos y privados) están ocupados ilegalmente.

Todos los patios no están en la misma situación. «Cuatro están limpios y el ascensor funciona», comenta un joven vecino de una de estas 'islas' privilegiadas en el bloque, aunque el riesgo de las ocupaciones ilegales siempre está ahí. «Dependemos unos vecinos de otros para que esto no ocurra», apunta.

En el resto de las comunidades los ascensores no funcionan (planta baja más seis alturas), ni hay luz en la escalera, ni limpian, ni hay buzones, ni puerta de entrada, ni... Tan sólo hay suciedad, pintadas por todas partes, signos evidentes de plagas de ratas y cucarachas, así como escupitajos en los rincones.

«Es difícil saber el número de pisos que están ocupados porque la distribución de los pisos es la misma y los comedores dan a la misma pared», afirman. Ante esa situación, un boquete sirve para comunicar dos propiedades.

Reuniones con concejales y asesores del gobierno municipal han tenido más que de sobra. Entre las últimas, la concejala de Gestión de Patrimonio, María Oliver, su homóloga en Igualdad, Isabel Lozano; Sandro Pons, asesor del alcalde Joan Ribó, además de con el arquitecto Luis Casado, uno de los redactores de la revisión del Plan del Cabanyal.

«La conclusión es que no saben qué hacer con el bloque, si mantenerlo o tirarlo, y así estamos», aseguran. La gota que ha colmado el vaso ha sido una carta recibida por los vecinos del patio número 23, donde el servicio de Disciplina Urbanística les insta a que realicen unas mejoras en las zonas comunes donde se destacan todas las deficiencias citadas en fachadas y escaleras.

Entre las medidas precautorias que aparecen en el informe municipal se habla del desmontaje de todos los vidrios rotos y agrietados, así como la colocación de una malla de protección a lo largo y ancho de toda la cristalera de iluminación de las escaleras. También la clausura de todas las puertas del ascensor, dado que muchas de ellas se abren al vacío, junto al vaciado de los rellanos de las escaleras, repletos de enseres.

«¿Cómo vamos a reparar todo esto con las ocupaciones ilegales?», exclaman en la tertulia abierta alrededor del edificio. Denuncian que la solución de Bloques Portuarios debe ser «política» en cuanto a qué hacer con todas las familias que en su día pegaron una patada a las puertas y entraron a vivir sin permiso.

«Cuando les hablamos de realojos, entonces nos dicen que no tienen viviendas sociales», apuntan sobre las últimas reuniones con Oliver y Lozano. El concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, comentó a este periódico que el informe del servicio de Disciplina Urbanística es el que «se realiza para cualquier finca de la ciudad, aunque esto lo trataremos como un caso singular». El edil apuntó que el servicio realizó la inspección a petición de la empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar, propietaria de algunas de las viviendas. En todo caso, no precisó si se obligará a los dueños de los pisos a acometer las reformas, para reiterar que será tratado dentro de la situación especial que sufren estos residentes.

Las 168 viviendas estaban condenadas a la desaparición con la prolongación de Blasco Ibáñez, mientras que ahora dependerá del «resultado de la revisión del planeamiento», reitera Sarrià ante la insistencia al ser preguntado. No está claro, por lo tanto, el futuro de la promoción de viviendas.

Justo enfrente del bloque, el Ayuntamiento construirá un polideportivo abierto con fondos europeos del Plan Edusi. Los residentes intentaron que las subvenciones se ampliaran a las viviendas, aunque no pudo ser. Mientras se estrellan una y otra vez contra la burocracia y la lentitud administrativa, hablan de que deben entrar en sus casas con linternas y que nunca saben lo que se van a encontrar.

Desde el anterior mandato guardan la documentación de todo lo que ha pasado por el Consistorio referido a su problema. Una de las mociones que enseñan con algo de sorna está fechada el 12 de marzo de 2013 y pide la rehabilitación integral de las viviendas y que el 10% de las mismas se destine a familias sin recursos para evitar desalojos. Está firmada por Joan Ribó.

La situación ha cambiado en el Ayuntamiento, pero no para ellos. «Todo el mundo hace enganches ilegales y la energía no llega», dice una vecina, mientras otra asegura que tuvieron problemas de filtraciones del piso de arriba durante mucho tiempo. «Estaba ocupado ilegalmente y eran aguas fecales». ¿Cómo aguantan? Es su casa y saben que a su edad los bancos no les concederán otra hipoteca.

«Resistiremos porque no hay alternativa y son nuestros hogares», dice una de las residentes. En los últimos meses algunos han recibido ofertas de agencias inmobiliarias por sus pisos. «Nos ofrecen 10.000 euros, lo que puede considerarse un robo», afirman, para señalar que en los alrededores no se vende nada por debajo de los 50.000 euros. En caso de que no se derribe el bloque, su futuro cerca del mar lo ven muy claro los vecinos: «Servirá como apartamentos turísticos», dicen sobre las propuestas que les han hecho llegar, aunque ellos quieren una solución por parte de la Administración.