Iniciativa Porteña señala que es el Ayuntamiento de Sagunto quién posee la mayoría de terrenos sin construir

Iniciativa Porteña informa que el Ayuntamiento de Sagunto es el principal poseedor de terrenos destinados a la construcción de viviendas. Según los segregacionistas, la propuesta de obligar a construir en solares vacíos no ha sido discutida en comisión informativa y ha sido divulgada previamente en la prensa. La noticia reciente señala que el Ayuntamiento de Sagunto planea exigir la construcción en solares vacíos propiedad de grandes tenedores de suelo residencial, generando opiniones diversas.

Respecto a la propuesta, Iniciativa Porteña comenta que no es novedosa y ha sido implementada en otros municipios sin mucho éxito. Argumentan que la medida requiere un estudio detallado de los solares, identificación de propietarios y aplicación de un trato igualitario para evitar discriminaciones. Además, señalan que la ley permite la adquisición de solares incumplidos hasta el 50% de su valor, en un proceso legal complejo.

González explica que los propietarios podrían verse obligados a asociarse con promotores para construir en sus solares, lo que, según él, facilitaría la entrada de grandes promotores al mercado municipal. En un tono crítico, el portavoz de Iniciativa Porteña destaca la paradoja de que el Ayuntamiento pretenda obligar a construir en solares edificables cuando es el mayor poseedor de terrenos para viviendas y no ha logrado valorizar parcelas en subastas anteriores.

El concejal de Iniciativa Porteña considera la propuesta carente de sentido si el Ayuntamiento no cumple con su responsabilidad de construir vivienda pública en los solares de su propiedad. Sugiere que el Ayuntamiento tiene suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial y vivienda social en diversas zonas, y critica la preferencia por estrategias de comunicación en lugar de utilizar los recursos disponibles para abordar la situación.

En respuesta, el Ayuntamiento de Sagunto señala que la política municipal se centra en ser valientes al defender los derechos de la ciudadanía, especialmente ante el desafío significativo del crecimiento poblacional y la necesidad de vivienda. Desde el Ayuntamiento, se comprometen a impulsar la edificación con iniciativas propias y en colaboración con la Generalitat y el Ministerio para promover la vivienda pública. Se reconoce que el sector privado también tiene obligaciones en este aspecto.

El Ayuntamiento considera difícil comprender las críticas a la medida que busca evitar la especulación con la vivienda por parte de grandes tenedores, ya que esto afecta a los residentes que se ven forzados a mudarse debido a precios inflados. Destacan que la vivienda no es un negocio para obtener rendimiento económico, sino un derecho constitucional. Ante posibles incumplimientos de la ley por parte de grandes tenedores, el Ayuntamiento afirma tener la voluntad y la obligación de actuar, utilizando todas las herramientas disponibles. Se cuestiona a aquellos que sugieren que la medida no servirá, preguntándoles qué proponen como alternativa y reafirmando la determinación de no quedarse de brazos cruzados.

Con respecto al impulso de la vivienda desde el sector público, el Ayuntamiento afirma que hace tan solo unos meses se cedió gratuitamente a la Generalitat Valenciana dos parcelas para construir más de 200 viviendas de alquiler social, hecho que remarcan de ser conocedores de ello todos los grupos políticos puesto que fue aprobado en el Pleno por unanimidad.

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