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MANUEL GARCÍA
SAGUNTO
Martes, 19 de abril 2022
Las asociaciones de vecinos Bonilles-Romeu, Tres Barrancs y el Centre d'Estudis del Camp de Morvedre han exigido que la Conselleria competente, con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunto, se pongan a trabajar «inmediatamente en la interposición del debido recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana» respecto al Paraje Natural de la montaña de Romeu.
Cabe recordar que a principios de este mes de abril se daba a conocer que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana había estimado parcialmente el recurso interpuesto por la empresa Lafarge Holcim y, por tanto, anulaba la declaración de Paraje Natural de la montaña de Romeu.
Estos colectivos también han señalado que, de manera paralela a la presentación del recurso, tanto la Conselleria como el Ayuntamiento de Sagunt deberían impulsar «con celeridad» la elaboración y aprobación de un nuevo Decreto de protección del PNM de Romeu «que corrija y subsane las posibles deficiencias existentes que ha considerado el TSJCV».
También van a solicitar de manera urgente una reunión formal con el alcalde de Sagunto, también en su condición de concejal de Medio Ambiente, «y porque consideramos que tiene sensibilidad medioambiental, para que nos explique cuál es la situación y qué medidas piensa adoptar desde el Ayuntamiento. Asimismo, le expondremos nuestras propuestas y exigencias».
Entre ellas, han pedido al alcalde que se pongan en marcha algunas de las actuaciones (creación de nuevas rutas, señalización, etcétera) en el paraje de Romeu «que se comprometió públicamente a iniciar en una visita de trabajo al paraje y de las cuales no tenemos ninguna noticia cuando nos acercamos ya hacia el final de la legislatura».
Igualmente, han solicitado que se convoque de nuevo el Consell de Participació del PNM de Romeu para tratar estos asuntos, «porque dicho Consejo asesor y Participación del PNM se creó con mucho retraso y tan sólo se ha convocado en una ocasión sin resultados conocidos».
De todos modos, los vecinos son optimistas y consideran que la protección definitiva e integral del PNM de Romeu «se finalizará y aunque se retrase algo más acabará consiguiéndose porque el interés general y las necesidades ambientales deben prevalecer».
Han explicado que estamos «en una situación de emergencia climática y a los considerables beneficios económicos, y de creación de miles de empleos, que generará una industria tecnológica más limpia, cómo la megafactoría Volskwagen en Sagunto, y la llegada de otras numerosas empresas, debe sumarse la protección y conservación de nuestros espacios naturales más próximos para compensar los posibles impactos ambientales negativos que puedan derivarse (aumento del consumo de recursos, agua, energía, pérdida de suelo fértil, necesidad de nuevas infraestructuras)».
Es por ello, han proseguido, que más que nunca las administraciones públicas «deben ser responsables y proteger nuestras masas forestales y espacios naturales para luchar contra el cambio climático y compensar posibles efectos adversos de la llegada de nuevas empresas e infraestructuras».
Han detallado que no comparten el sentido del fallo del TSJCV por el que se deja provisionalmente sin efecto el Decreto del Consell que protegía el PNM de Romeu. Han visto «poco comprensible que de los ocho fundamentos y argumentos alegados por Lafarge contra la protección del PNM seis hayan sido desestimados por el TSJCV, y tan sólo dos argumentos hayan sido estimados en favor de los intereses de Lafarge (con muchas dudas por parte del TSJCV) y en cambio el resultado de la sentencia sea que se anula en su totalidad el Decreto de protección del PNM».
Respecto al argumento para anular el PNM de que el Decreto de protección carece de una memoria económica concreta y mecanismos de financiación definidos para la gestión del PNM para los vecinos resulta «chocante y extraño que, cuando el objetivo primordial y básico de la protección de todo espacio natural es blindar mediante un planeamiento urbanístico y una normativa de regulación restrictiva de usos y actividades que puedan alterar o destruir los valores naturales, paisajísticos, patrimoniales y de uso público por los que se quiere proteger un espacio natural (cuestión que no tiene un coste económico añadido para la administración que gestiona un espacio natural), el TSJCV se haya centrado para anular la protección del PNM en que, a su juicio, no existe una partida económica concreta para la gestión del PNM por parte del Ayuntamiento de Sagunto».
Han valorado que esta dotación económica concreta para la financiación y gestión del PNM es un aspecto «totalmente subjetivo y secundario que, en todo caso, depende de la disponibilidad presupuestaria y de las prioridades políticas del momento».
Por todo ello, han considerado «muy extraña» esta consideración del TSJCV. Sin embargo, han añadido que esta cuestión es «muy fácilmente subsanable» por parte del Ayuntamiento de Sagunto y la Conselleria implicada.
Respecto a la argumentación de la supuesta carencia de suficiente motivación de la protección del PNM de Romeu y ponderación de los intereses medioambientales y públicos frente a los intereses económicos mineros de Lafarge, dicha resolución del TSJCV «nos parece impropia del siglo XXI y se basa en la interpretación de una ley totalmente obsoleta, desfasada y preconstitucional (la Ley de Minas de 1973) que ya debería haber sido derogada o profundamente modificada, siendo una de las escasas leyes de la Dictadura que todavía siguen vigentes sin modificación cuando las necesidades y circunstancias sociales, económicas, políticas y sobre todo de concienciación y valoración del medio ambiente nada tienen que ver entre 1973 y la actualidad».
A los representantes vecinales les ha sorprendido que, pese a reconocer el TSJCV «dudas respecto a la decisión tomada y reconocer que el PNM de Romeu tiene valores ecológicos de importancia, incomprensiblemente ha decidido anular la protección del PNM. Sin embargo consideramos que, a pesar de la interpretación del TSJCV, con una mejor y mayor especificidad de la justificación de los valores a proteger del PNM de Romeu y con una ponderación también más clara de la necesidad de prevalencia de la preservación de los intereses públicos y medioambientales frente a los intereses mineros de una empresa se debe, y se podrá, conseguir la protección definitiva del PNM de Romeu».
Aunque han considerado negativa la resolución del TSJCV en lo referente a los efectos actuales que tiene (anulación provisional del decreto de protección del PNM) también han agregado que se pueden extraer conclusiones «muy importantes, positivas y esperanzadoras en aras a la conservación y protección integral y definitiva del PNM en un futuro muy próximo».
En el recurso de Lafarge, han añadido los representantes de estos colectivos, «además de solicitar la anulación del Decreto de protección del PNM de Romeu, también se solicitaba expresa y subsidiariamente al TSJCV reconocer la compatibilidad entre la actividad minera extractiva y la protección de los valores ambientales del PNM de Romeu. También se solicitaba la exclusión de determinadas parcelas de la superficie protegida del PNM».
El TSJCV ha respondido a estas cuestiones citando que, con la anulación de la protección del PNM, «no se reconoce en ningún caso la compatibilidad entre la actividad extractiva de Lafarge y la protección de los valores ambientales del PNM (siempre hemos considerado que es incompatible en un mismo lugar la actividad extractiva a cielo abierto y la conservación de los valores naturales de un paraje, porque la actividad extractiva supone la destrucción total e irreversible a escala temporal humana de todo el medio natural previo)».
De igual manera, la resolución del TSJCV tampoco reconoce que deban prevalecer los intereses económicos mineros frente a los intereses públicos y medioambientales.
Finalmente otro aspecto que los firmantes de este comunicado han visto «muy esperanzador» es que el propio TSJCV «reconoce sus dudas, de hecho y derecho, sobre el sentido de la resolución que ha emitido y por ello no condenan en costas a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica».
Por todos estos motivos, lo que en principio podía parecer una valoración muy negativa de la resolución del TSJCV, «si se analiza en perspectiva y profundidad no lo es tanto, y esperamos con optimismo un recurso de casación frente a esta y/o la elaboración de un nuevo Decreto de protección del PNM de Romeu mejorado que subsane las posibles deficiencias y mantenga el perímetro, superficies y garantías de protección del actual».
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