El juzgado de Llíria ejecuta el desahucio de la residencia de l'Eliana por impagos

Tensión, gritos y lloros. El desalojo de la residencia de mayores de l'Eliana se está produciendo con un gran despliegue policial y las quejas de los familiares, que han lamentado la situación y el modo en que se ha efectuado la actuación judicial.

A primera hora de la mañana han llegado agentes de la Guardia Civil que han cortado los accesos al edificio para llevar a cabo el desahucio de trabajadores y residentes ordenado por el Juzgado número 3 de Llíria.

A las puertas de la residencia, trabajadores y familiares han lamentado que el enfrentamiento entre los anteriores propietarios por impagos haya llevado a este final que está siendo muy doloroso para todos.

Las trabajadoras han salido de la residencia con lágrimas en los ojos y entre abrazos de sus compañeros que estaban en la puerta. Las propias empleadas han explicado que los mayores estaban reunidos en una sala: «Algunos no se enteran de lo que está pasando». Con mucho cariño han deseado lo mejor a los mayores «porque aquí somos como una familia».

A la llegada de la comitiva judicial minutos antes de las once de esta mañana ha habido insultos y peticiones de justicia para los residentes. Los familiares se han reunido y han manifestado su intención denunciar los hechos. Posteriormente ha llegado un vehículo de la residencia de mayores de Carlet para trasladarlos hasta allí.

Francisco Cabello, el actual gerente de la instalación, ha subido al techo del edificio para intentar frenar el desalojo. Ha sido conducido al cuartel de la Guardia Civil de la Pobla de Vallbona, donde se le ha dejado en libertad tras informarle de que está acusado de un delito de desobediencia grave.

Jorge Lucas, abogado de la mercantil Evora, ha sido desalojado del centro entre agentes de la Guardia Civil. «No me han dejado presentar la documentación que demuestra que somos los regentes. Vienen a desalojar a una entidad que ya no está». Lucas tiene previsto presentar una queja que gestionará a través del Colegio de Abogados ante una actuación que ha definido como incorrecta y desproporcionada.

Poco después los agentes han pedido a los familiares que entraran a por sus mayores pero ninguno ha querido entrar y han calificado de «secuestro» la intención de trasladarlos a otra residencia. Minutos después, y ya con menos tensión en el ambiente, algunos de ellos han accedido a llevarse a sus familiares y otros han aceptado que se los llevaran a la residencia de Carlet.

En el caso de esta residencia privada de l'Eliana quedaban un total de 14 personas en el momento del desahucio y cinco de ellas han sido recogidas por sus familiares. Las otras nueve personas han sido trasladadas a la residencia pública de Carlet, tres de ellas con Covid que han sido trasladadas en ambulancia.

Desde la Conselleria de Igualdad han manifestado que un total de seis altos funcionarios colaboran «in situ» para garantizar el bienestar y la asistencia necesaria a los residentes de una residencia privada de l'Eliana donde, han recordado, no había ninguna plaza concertada con la Generalitat. El desahucio se está haciendo por orden de un juzgado de primera instancia e instrucción de Llíria, que, en todo momento, ha actuado en coordinación con la Conselleria.

El personal de la Conselleria ha añadido que garantiza in situ la aplicación del protocolo de cierre de centros residenciales, que contempla varias vías de actuación: En primer lugar sería el que la familia, con la ayuda que percibe la persona mayor, busque plaza en otro centro.

La segunda sería la familia solicite el cambio de preferencias de dependencia a Servicio de Atención Residencial, en los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de l'Eliana.

Una vez hecho el cambio, el Ayuntamiento les ha avisado del cambio y desde la Sección de Personas Mayores de la Dirección Territorial de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, se ven las posibilidades de asignación.

Finalmente, y una vez llegada la fecha del lanzamiento, si hay personas mayores que necesitan una respuesta inmediata, se los asigna una plaza temporal en la Residencia Pública de Carlet, en las plazas que tiene disponibles para situaciones de emergencia y, a partir de ese momento, se les buscará plaza en centros el más próximos posibles a los familiares.

Rafael Ropero sostiene contra su pecho una caja metálica de color rojo. Dentro van los recuerdos personales de su madre, Lola. Con 87 años y Alzheimer desde hace dos, este vecino afirma que no se la puede llevar a casa «porque mi madre no sabe ni dónde está». Así, la solución adoptada, llevarla a una residencia a más de 50 kilómetros como es la de Carlet, no puede ser otra cosa que provisional, «porque no puedo estar a esa distancia de ella, es inviable».

Algunos trabajadores también han denunciado las formas de alguno de los agentes de la Guardia Civil que han intervenido en el desahucio, ya que aseguran haber sufrido empujones para que abandonaran la instalación «y yo le he dicho si no podíamos hacer las cosas moderadamente».

El Ayuntamiento de l'Eliana no ha querido hacer ninguna valoración de lo ocurrido pero sí ha enviado a un vehículo municipal para trasladar objetos de los residentes para que, posteriormente, puedan ser recuperados por sus allegados.

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