La Fiscalía investiga el anticipo de sueldo de 15.000 euros del alcalde de San Antonio de Benagéber

Todo comenzó hace un año, en junio de 2020, aunque la oposición pidió explicaciones tras el verano, en octubre, cuando fue conocedora del asunto. El alcalde solicitó este anticipo que, según manifestó a LAS PROVINCIAS, era «para una urgente necesidad de carácter personal« de la que no quiso dar más detalles.

La cuestión volvió a salir en el último pleno celebrado en la localidad. Ramón Orozco, concejal del grupo Guanyem (una coalición de Compromís, Plataforma y Podem) acusó al equipo de gobierno de dificultar a la oposición «el acceso a la documentación que considera contraria a sus intereses«.

Orozco recordó que el Síndic de Greuges ha dirigido diferentes escritos al Ayuntamiento sin que haya habido respuestas a los requerimientos «a pesar de estar obligado por la legislación». Ahora, señala el edil, es el Consell de Transparencia de la Generalitat el que estima la reclamación de Guanyem y le insta a que facilite el expediente.

Desde la oposición recordaron que se dio la circunstancia que votaron en contra el propio alcalde, y otros dos ediles, Marta Retamosa, «quien firmó dicho anticipo mientras recibía otro anticipo de mil euros y Daniel Nieto, quien meses después recibió otro anticipo de 6.000 euros para pagar deudas municipales».

Ante la negativa del gobierno municipal, «que lleva desde que se conoció el asunto ocultando el expediente, nos vimos obligados a seguir reclamando públicamente el expediente para que se conozca toda la verdad sobre este asunto», apuntaron desde Guanyem.

En el informe de intervención sobre esta cuestión se recuerda también que el anticipo reintegrable «excede con creces el límite de dos pagas o mensualidades». También indica que «excede con creces el límite establecido en la Base 28.4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2020, que deja bien claro que el anticipo deberá ser reintegrado en el plazo de catorce meses si se trata de más de una paga.» Y concluye que «la legislación vigente no contempla la posibilidad de que los miembros de la Corporación que perciban retribuciones por dedicación exclusiva o parcial perciban anticipos reintegrables, por lo que no es posible su concesión. Por tanto fiscaliza con Reparos y suspende la tramitación del expediente», aunque finalmente no sucedió así.

El primer edil recordó que por su dedicación exclusiva al 75% recibe «36.000 euros brutos al año». Santafosta defendió la legalidad de un proceso que, si no se pudiera producir, «supondría que los políticos estaríamos discriminados porque se trata de una cuestión se lleva a cabo en la empresa privada con total normalidad. ¿No debo tener yo los mismos derechos?«, se preguntó.

Afirmó que las bases de ejecución «tienen un estatus superior a los informes municipales» y se mostró tranquilo a la espera de la resolución de la Fiscalía, aunque remarcó que la última palabra la tienen los juzgados: «En este sentido quisiera recordar que hay más de diez denuncias contra mí por parte de la oposición que han sido finalmente archivadas y en algunas incluso han sido condenados en costas«, por lo que lamentó el uso que se hace de la justicia y recordó que han llevado a la vía Penal »lo que deben llevar por el procedimiento administrativo«.

Santafosta aportó también dos informes, elaborados a requerimiento del pleno, en los cuales se concluía que no hay indicios de delito. En el primero de ellos, firmado por Carlos Morales, se concluye que no hay delito de malversación, «ya que no hay propósito de enriquecimiento o ganancia y no se ha causado perjuicio al erario», ni de prevaricación, «ya que se apoya en una interpretación plausible de las Bases de ejecución presupuestarias aprobadas por el Pleno que parecen amparar la concesión de anticipos por importe superior a diez mensualidades con un plazo de devolución equivalente al periodo que resta de contrato para contratos eventuales».

En el segundo de ellos, un informe de Secretaría, se concluye que no procede que el Ayuntamiento inicie acciones judiciales por estos hechos.