Un juzgado pone fecha al desahucio de una residencia de mayores

Los actuales gestores, la empresa Évora Gestión Residencial SL, han argumentado que son los legítimos responsables del negocio desde julio de 2021 y atribuyeron los problemas económicos a la anterior gerencia (Cuidamont 1995). Recordaron que ya en marzo de este año una comisión judicial se personó en las instalaciones pero, a causa de un defecto formal, no se pudo llevar a cabo el desahucio.

De este modo, el actual propietario se ha lamentado de que las disputas entre los dos propietarios anteriores «nos estén perjudicando tanto y desde la Conselleria no se nos esté permitiendo regularizar nuestra propiedad, que llevamos ejerciendo desde julio de 2021». Ha añadido que el expediente de cambio de titularidad está «todavía en trámite sin resolución».

Por otra parte, fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas han señalado que en la jornada de este jueves la inspección de Servicios Sociales acudió al centro para solicitar un listado de las personas residentes, su fecha de ingreso y algún contacto con familiares, pero ante lo que definieron como «falta de colaboración del centro» se ha procedido a abrir un expediente sancionador. Los inspectores de la Conselleria acudieron a este centro de mayores, de titularidad privada, tras el requerimiento efectuado desde el juzgado de Llíria.

Los responsables de Évora justificaron el rechazo a entregar esta información en el hecho de que la comunicación se dirigía a los anteriores propietarios (Cuidamont 95) y no a ellos.

Los actuales gestores han afirmado que el día 8 «va a ejecutarse sí o sí el desahucio, sin respeto alguno a los derechos de Évora y dejando en la calle a los reales perjudicados de todo este enredo: los residentes y los trabajadores del centro» y han insistido en rechazar cualquier tipo de responsabilidad en la actual situación del centro, de cuyo actual funcionamiento, afirmaron, «no hay ningún tipo de queja».

Con respecto a los residentes, la familiar de una de ellas explicó que los mayores «siempre han estado muy bien cuidados, tanto bajo la anterior dirección como con la actual» y se mostró incrédula ante la opción de que los residentes puedan quedar en la calle el 8 de noviembre: «No me entra la cabeza aunque muchas personas ya están estudiando la situación para llevarse a su familiar si así ocurriera».

Responsables de la Conselleria han mantenido diversos encuentros con familiares de los afectados y les han puesto sobre la mesa la opción de que si finalmente se concreta el desahucio podrían contar con instalaciones alternativas como la residencia de mayores de Carlet.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de l'Eliana han señalado que la residencia es una entidad privada y esta cuestión es un conflicto económico por impago. Han añadido que no tienen competencia en este asunto pero se han mostrado preocupados «por el bienestar de las personas usuarias y de sus familiares».