Llíria lleva desde el inicio de pandemia sin etilómetro para hacer pruebas de alcoholemia

«La semana pasada volvió a pasar. Tuvimos que ir a La Pobla de Vallbona para que nos dejaran el etilómetro para hacer una prueba de alcoholemia». Un policía local de Llíria explica que la complicada situación que llevan viviendo prácticamente desde el inicio de la pandemia sigue sin visos de solución.

Los agentes insistieron en pedir que se entiendan los quebraderos de cabeza que les causa esta carencia. El primero de ellos es que no pueden realizar las pruebas de alcoholemia con la celeridad necesaria.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de la ciudad de la música explicaron que han dirigido diversos requerimientos a la Dirección General de Tráfico sin haber obtenido respuesta. Añadieron que están a la espera de que este organismo firme con la empresa que ha de suministrar los aparatos para solventar la carencia que sufren sus agentes y, por extensión, la ciudadanía.

Ya en junio, desde el sindicato profesional de la Policía Local y los Bomberos (SPPLB) alertaron de esta situación, por lo que los policías locales siguen, medio año después, sin poder realizar uno de sus cometidos exclusivos, realizar controles y pruebas de alcoholemia en el casco urbano.

Se trata del instrumento de precisión utilizado por todas las policías locales de España en su día a día, que sirve para medir el grado de intoxicación alcohólica que presenta el conductor en su organismo y que, además, resulta necesario en la investigación de accidentes y controles preventivos de alcoholemia. Su coste, según la marca y el modelo, ronda entre los 8.000 y los 10.000 euros. La dotación del mismo, en la mayoría de los municipios, como es el caso de Llíria, corre a cargo de la Jefatura Provincial de Tráfico a través de la firma de un convenio suscrito con las diferentes administraciones locales con el compromiso de realizar campañas de tráfico y seguridad vial.

Por otro lado, el etilómetro está sujeto a un riguroso control metrológico anual por parte de la empresa con quien la DGT tiene suscrito un contrato de mantenimiento.

Hace más de un año los responsables del Cuerpo de la Policía Local enviaron a la Jefatura Provincial el etilómetro de dotación para su calibrado. Mientras tanto, y como suele ser costumbre, en caso de necesidad podrían solicitarlo al municipio más cercano que dispusiera del mismo.

Tratándose de un trámite ordinario y que no suele demorarse más de 15 o 20 días, cuál fue su sorpresa cuando pasados unos meses sin recibirlo, y tras contactar con la Jefatura Provincial fueron informados de que el problema radicaba en la no renovación del contrato de mantenimiento de los etilómetros marca Dräger con la empresa adjudicataria, desconociendo la fecha de su posible renovación y, además, de la imposibilidad, mientras tanto, de la entrega de etilómetros de sustitución a los municipios afectados, señalaron desde el sindicato.

Posteriormente, los responsables locales, «con la clara intención de buscar una solución al problema, contactaron nuevamente con la Jefatura Provincial y les plantearon la posibilidad de asumir ellos mismos el control metrológico del instrumento a través de un centro especializado. La misiva no sirvió de nada, la Jefatura Provincial en respuesta argumentó que la propiedad es de la DGT y que, por tanto, no puede corresponder a los ayuntamientos».

La situación actual, tras la gestión llevada a cabo por la DGT, es que los etilómetros pendientes de revisión dejan indefensos a municipios como Llíria desde principios de 2020.

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