Los okupas de San Antonio devuelven la vivienda después de un acuerdo judicial exprés

No obstante, el adosado ha sido intervenido en las últimas horas para imposibilitar que se repitan incidentes de este tipo en el futuro.

El incidente, que tuvo lugar el pasado 15 de agosto, había provocado que los residentes de este municipio hubieran liderado diferentes protestas ante los conflictos que estaban surgiendo en esta urbanización, que dispone de diferentes zonas comunes. Unas manifestaciones en las que han estado acompañados por diferentes miembros del equipo de gobierno que se quisieron solidarizar con la comunidad de vecinos desde el primer momento, al tiempo que ofrecieron diferentes alternativas de techo a los usurpantes.

La ocupación finalizó este lunes, 19 de agosto, después de que el grupo abandonara de manera pacífica el inmueble. Durante este tiempo, el Ejecutivo ha trabajado junto a las fuerzas de seguridad y el banco propietario en los mecanismos existentes para permitir acelerar el poner solución a esta situación.

La primera edil, Eva María Tejedor Marí, ha querido agradecer toda la colaboración de los vecinos del municipio que se han volcado en la causa estos días, ante la imposibilidad legal que impedía al Ayuntamiento una intervención directa sobre los ocupantes del inmueble, y que han permitido «solucionar el problema con una gran celeridad».

Del mismo modo, Tejedor ha subrayado la «labor indispensable de la Policía Local y la Guardia Civil, que como siempre han trabajado con la máxima profesionalidad evitando males mayores y garantizando la protección de los vecinos y vecinas».

La seguridad de San Antonio de Benagéber es una de las máximas prioridades de este equipo de gobierno, han insistido desde el ejecutivo local: «Por ello en tan solo un año de legislatura se ha doblado el reducido número de agentes con los que contaba este pueblo en 2023, se ha renovado el anticuado parque móvil, así como los retenes del municipio, que estaban en estado de completo abandono. Una situación de precariedad que se está tratando de solventar desde el año pasado y que provocó que incidentes similares a este se alargaran durante varios meses en anteriores legislaturas».

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana se ha exigido a las entidades bancarias propietarias de inmuebles en venta en el municipio que «se hagan responsable de la protección de estos pisos, ya que el Ayuntamiento no puedo poner un agente en la puerta de cada uno de ellos, así como eviten dar direcciones completas de los mismos».

En esta línea, la alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento ya se había puesto en contacto, en diferentes ocasiones con los promotores de este residencial, que lleva construido más de diez años, y les instó a reforzar los escasos sistemas de seguridad del inmueble pendiente de venta. Los Agentes de la Policía Local llegaron a visitar 'in situ' esta casa sin compradores y trasladaron sus recomendaciones a la entidad.

El acuerdo judicial ha tenido lugar un día después de que los okupas decidieran abandonar la vivienda debido a la presión vecinal y a las gestiones efectuadas por parte del Ayuntamiento.