Chella luchará para reubicar la subestación eléctrica al polígono

«Hemos hablado con técnicos de Iberdrola, pero sin obtener respuesta». Así se resume la gestión que el alcalde de Chella, José Enrique Talón, ha realizado ante la multinacional eléctrica para que reconsidere la ubicación de la subestación eléctrica proyectada en el término municipal, para la evacuación de la energía procedente de la futura planta fotovoltaica de Bolbaite.

Talón reconoce que no será difícil, pero que seguirá insistiendo y acudirá a las distintas administraciones superiores para conseguirlo. Cabe recordar que tanto la planta solar proyectada en Bolbaite, como la propia subestación cuentan con la autorización administrativa desde el año 2013 de la dirección general de Energía de la entonces denominada Conselleria Economía, Industria, Turismo y Empleo.

«Luchar contra ellos es difícil, pero nuestra intención es que se cambie y para ello proponemos su reubicación en el polígono», señala Talón, quien también espera que con la movilización ciudadana en toda la Comunitat y desde otros municipios sirva para hacer fuerza.

Esto mismo transmitía en una reunión el primer edil de Chella a la Plataforma La Canal Verde, quien se movilizó desde un principio por este como por la intención de ampliar la planta solar al municipio.

Del encuentro, los representantes del colectivo salían satisfechos porque «está llevando adelante lo que prometió y hemos sentido la voluntad real de que vamos en el mismo camino, algo que en un principio no teníamos tan claro».

La Canal Verde aprovechaba la reunión para plantearle, como vicepresidente de la Mancomunitat de la Canal de Navarrés, la propuesta de apertura de una Oficina de Transición Energética para orientar a los ciudadanos que deseen informarse sobre las posibilidades alternativas a la energía eléctrica.

Al respecto, la Plataforma prepara una mesa redonda para el 23 de octubre sobre las Comunidades Energéticas Locales y a las que invitarán a Conselleria de Transición Ecológica.

«Nos quedan muchas batallas por delante, una de ellas, quizás la más importante se sitúa a nivel Europeo a cuya administración habría que preguntar si puede una región, con un decreto ley, saltarse normativas europeas como las zonas de protección o acuíferos», explica el colectivo.

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