La Generalitat ha optado por archivar la denuncia del PP y de España 2000 por las aglomeraciones de gente que se registraron en la plaza del Ayuntamiento durante la Cabalgata de los Reyes Magos el 5 de enero, cuando los contagios por Covid iban en aumento.
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En la resolución de la Conselleria de Justicia se explica que la secretaría autonómica de Seguridad y Emergencia ha descartado la denuncia ya que «los hechos no son constitutivos de infracción administrativa alguna en materia específica de prevención de la salud pública frente al Covid«.
La Conselleria de Justicia entiende que cuando se efectuó esta cabalgata estaba vigente la resolución de fecha de 5 de diciembre de la Conselleria de Sanidad sobre restricciones contra el Covid en la que «constaba expresamente una medida específica de salud pública sobre eventos navideños« y en la que literalmente se asegura que «en todo caso se autorizará a que los Reyes Magos realicen un recorrido en los pueblos y ciudades a bordo de vehículos de transporte para que puedan verlo el mayor número de niñas y niños, evitando aglomeraciones y recomendando a la población el seguimiento desde balcones o acceso a sus viviendas, evitando desplazamientos».
El área de Espectáculos ha considerado que estos hechos no son constitutivos de infracción administrativa alguna en materia específica de prevención de la salud contra el Covid y, por tanto, ha decidido archivar la denuncia seis meses después del festejo valenciano. En definitiva, no señala como responsable al Ayuntamiento, como organizadores de la cabalgata, de las aglomeraciones registradas.
Cabe recordar que ese 5 de enero, los denunciantes afirmaron que se llegaron a juntar más de 1,500 personas en las puertas del Ayuntamiento, a la espera de los Reyes Magos y que no se guardaron distancias sociales de 1,5 metros ni se respetó el aforo máximo.
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Por su parte, los denunciantes, el Grupo Municipal Popular ha criticado el archivo por parte de la Generalitat de la denuncia que presentó por la celebración el pasado 5 de enero de la Cabalgata de Reyes. «Aquello fue una irresponsabilidad del gobierno de Ribó y la Generalitat da un mal mensaje a la ciudadanía archivando la denuncia. ¿Cómo van a pedir responsabilidad a los ciudadanos y a exigir que cumplan las normas de seguridad cuando las administraciones no asumen las consecuencias de sus irresponsabilidades?», ha afirmado la viceportavoz del Grupo Municipal Popular, María José Ferrer San Segundo.
Desde el PP se ha recordado que Ribó organizó dicha Cabalgata el 5 de enero, el mismo día que se registraban 85 fallecidos y se cerraba la hostelería. «La irresponsabilidad fue del gobierno de Ribó por organizar este evento, publicitado en redes y en la agenda por el Ayuntamiento, y ahora Puig ha decidido salvarle de una sanción administrativa. Es un mal mensaje a los ciudadanos en plena quita ola» ha incidido.
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Según la resolución firmada por el Secretario Autonómico de Seguridad y Emergencias, «de los hechos contrastados de la denuncia, de los medios de comunicación y de los informes recabados, queda acreditado que lo que hubo fue, por un lado, un evento de acceso restringido en el interior del Consistorio del que no hay prueba alguna de infracción y, por otro lado, una aglomeración de gente motivada por las fiestas navideñas.»
Ferrer San Segundo opina que «no se pueden exigir a los ciudadanos, a los hosteleros y comerciantes sacrificios y cumplan las medidas de seguridad, si cuando el que comete la infracción es una administración queda impune».
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Además, la portavoz del Grupo Municipal Popular y diputada en Corts, María José Catalá, ha pedido al Consell el expediente administrativo completo para conocer qué alegaciones ha presentado el gobierno de Ribó, qué medidas en materia de prevención frente a la Cobid-19 se adoptaron, cuál fue el plan de comunicación y si hubo comunicación a las autoridades sanitarias de la celebración de este acto y el Consell dio el visto bueno.
Por otra parte, el PP ha recordado que también se ha denunciado a la Agencia Antifraude la contratación de esta Cabalgata en la que Ribó se gastó más de 40.600€ con 4 contratos menores, y a través de una contratación exprés en la que se solicitó a presupuestos a empresas que comparten administradores y con vinculaciones con Compromís.
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En la denuncia presentada por el Grupo Municipal Popular se comunicaba una posible limitación la efectiva competencia ya que tres de las empresas que presentaron presupuestos tenían vinculaciones entre sí, dos de las ofertas estaban firmadas antes que el Ayuntamiento pidiera el presupuesto y además excedía su oferta el límite de contrato menor por lo que irremediablemente la adjudicación recaía en la empresa del miembro de Compromís.
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