¿Y si José Antonio se hubiera ido a Nueva York?

Hubiera cambiado la historia de España si José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, se hubiera ido a trabajar a Nueva York en 1924 como proyectaba? Si su padre, el dictador Primo de Rivera, no se lo hubiera prohibido ¿habría sido otra la trayectoria de muchos acontecimientos de este país? Es una ucronía, se trata de imaginar hipótesis sin respuesta. Pero esa curiosidad de la historia se dio, ahora hace un siglo, cuando nació el monopolio telefónico español y José Antonio, joven y brillante abogado, estaba esperando terminar el servicio militar para encarrilar su vida.

En 1924 estaba encendida la pasión por las modernas comunicaciones y Valencia, una ciudad activa y comercial, esperaba una modernización de la ya imprescindible red telefónica. Mientras tanto, en un mundo que no paraba de traer fascinaciones, los más curiosos, jóvenes desde luego, empezaban a explorar la novedad de la telegrafía sin hilos, la radio. El 19 de abril de 1924, en una notaría de Madrid, se fundó una empresa dedicada a la telefonía. En ella ejercía influencia capital la moderna firma norteamericana ITT, propiedad de Sosthenes Behn, un emprendedor que lo arrollaba todo, un hombre que nada tiene que envidiar a los contemporáneos de las comunicaciones, Zuckerberg o Musk.

La nueva compañía estableció su sede en la Gran Vía de Madrid. Dos mil acciones habían hecho provisión del capital inicial, un millón de pesetas, suscrito en su gran mayoría por míster Behn, el dueño de la ITT, proveedor de la mejor tecnología. Pero nada se supo de esa nueva empresa en la prensa española hasta que el directorio militar presidido por Miguel Primo de Rivera se puso a trabajar, en agosto, en la creación de una empresa monopolística mediante la que el Estado fue el patrón de la red de telefonía española.

El 27 de agosto de 1924, la «Gaceta» dejó a todos con la boca abierta al publicar un decreto, ¡de 9 páginas!, con la noticia de la «concesión del servicio telefónico, en toda España, a la Compañía Telefónica Española». En seis meses, todo tenía que estar funcionando en manos del Estado, que pagaría a los concesionarios, un mes después, el valor de tasación de sus instalaciones. El marqués de Urquijo sería el presidente de la compañía, que prometía lo que los usuarios anhelaban de verdad: nuevas instalaciones, mejores comunicaciones, redes modernas, claridad en la maraña de concesionarios y menos demoras en las conferencias.

La compañía fundada en abril amplió su capital y el gobierno prometió inversiones potentes, de hasta 300 millones de pesetas. Como informó nuestro periódico, «la Compañía establecerá numerosos circuitos, entre ellos, uno de cobre, directo, de Madrid a Valencia, otro de Barcelona a Valencia, otro de Alicante a Orihuela y otro de Valencia a Gandía». Eso de los modernos circuitos de cobre animó a todos a la esperanza de un servicio mejor. Porque incluso se prometió que se iba a tender un cable submarino entre Algeciras y Ceuta, para poder comunicar con las tropas españolas que combatían en la larga guerra iniciada con el Desastre de Annual.

El dictador, Miguel Primo de Rivera, tenía un hijo, de nombre José Antonio, de 21 años de edad. El muchacho era una cabeza brillante que en 1922 se había licenciado en Derecho con las mejores calificaciones. En ese momento estaba haciendo el servicio militar, voluntario, como tantos otros universitarios. Pero quería encarrilar su vida futura. Había sido activo en la Asociación de Estudiantes de Derecho y le atraían las nuevas ideas políticas que llegaban de la Italia de Mussolini. Pero, en lo profesional, si nos atenemos a la exhaustiva tesis doctoral de Antonio Pérez Yuste (Politécnica de Madrid, 2004), lo que hizo fue unirse al grupo de asesores jurídicos de la empresa telefónica nacida en abril. Lo hizo gracias a Gumersindo Rico, que hizo el papel de reclutador del equipo y le entrevistó un día en el Club Puerta de Hierro.

En el grupo de ejecutivos creado en Madrid para la nueva firma había técnicos americanos de la ITT y jóvenes españoles prometedores. Delineantes, ingenieros, taquígrafas y varios abogados: Pérez Sánchez, Terradas, Melquíades Álvarez, Beltrán Musitu y José Antonio Primo de Rivera. La tesis mencionada confirma su presencia como asesor, pero duda -como las fuentes documentales-sobre si estuvo o no en la plantilla de Telefónica; pero aboca a un final tajante que podemos encontrar -todo está en los buenos periódicos-en una información que LAS PROVINCIAS publicó el 14 de septiembre de 1924.

«Una nota del hijo de Primo de Rivera», titulamos a una columna. En la nota, de entrada, se decía: «Para atacar a mi padre se ha hablado estos días de mí». Después, José Antonio aclaró su relación con la CTNE y dijo que míster Behn, «para quien solo tengo respetos y gratitud», habló «con un amigo mío de que quisiera llevarse a trabajar con él en los Estados Unidos a un muchacho español». Behn y José Antonio fueron presentados. «Este no me encontró mal, y quedó convenido que cuando mi servicio militar terminase, me iría con él a América», afirmaba.

El poco conocido comunicado de José Antonio señala que todo ocurrió antes de que la empresa hispano-yanqui fuera la concesionaria del monopolio telefónico español. E informa: «Tan pronto como la nueva compañía estableció aquí relaciones con el Estado, mi padre me obligó a renunciar al citado destino en América, a pesar de que, ganándome allí honradamente la vida, no tenía nada que ver con la Compañía Española ni con el Estado. Conste que a la Compañía Española no he pertenecido ni un minuto. Regístrense sus libros y sus nóminas, todos sus papeles, a ver si alguien encuentra en ellos rastro de mi nombre. Mi colocación estaba en los Estados Unidos. Allí pensaba irme en cuanto acabase el servicio militar». Más adelante, de forma tajante, añadió: «Y si mi padre me impuso el sacrificio, que yo acepté con gusto, de renunciar a ese porvenir, lo hice por un exceso de caballerosidad».

¿Qué hubiera ocurrido si el joven abogado se hubiera puesto a trabajar en el 75 de Broad Street de Manhattan, sede entonces de la ITT? Se abre paso a la ucronía. Porque lo que pasó en realidad es que José Antonio se quedó en Madrid y en 1925 se dio de alta en el Colegio de Abogados y abrió bufete. Después, como es bien sabido, fundó la Falange en 1933 y fue fusilado por la República, en Alicante, en 1936.