Denuncian que los trabajadores de la prisión de Albocàsser deben limpiar las estancias del centro

La falta de personal de limpieza obliga a los trabajadores de la prisión de Albocàsser a realizar estas tareas. Así denuncia el sindicato ACAIP-UGT la situación del centro penitenciario de Castellón. Según la agrupación de trabajadores, las condiciones del contrato estipulaban que el servicio de limpieza debería estar compuesto por una plantilla de cinco trabajadores, aunque la empresa adjudicataria nunca llegó a disponer en el centro de esa plantilla y en la actualidad solamente existe una profesional.

Según el sindicato, la empresa dejó de abonar las nóminas a las trabajadoras en el mes de abril, un mes después del inicio de la actividad. Con el paso del tiempo y llegados a junio, la plantilla contaba solamente con tres trabajadoras, pues según apuntan, no hubo ninguna nueva incorporación.

Con todo, y a medida que se iban agravando los hechos, se interpuso una denuncia ante la Inspección provincial de trabajo por la falta de condiciones higiénicas.

El pasado 8 de septiembre la Dirección del Centro de Albocàsser convocó a los representantes sindicales para indicarles que dos de esas tres trabajadoras, que llevan sin cobrar desde el mes de abril, se encontraban de baja laboral y que era previsible que esa situación se alargara en el tiempo. La empresa tampoco ha sustituido a esas trabajadoras, aseguran desde el sindicato.

La acumulación de basura y falta de higiene se hace más evidente durante momentos como los fines de semana o tras varios días seguidos, pues los módulos empleados por los trabajadores del centro se emplean durante las 24 horas todo el año. Por ello, el mismo personal es quien debe cambiar las bolsas de basura y limpiar.

ACAIP-UGT afirma que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no ha autorizado las peticiones de urgencia para paliar la situación, como la contratación temporal de personal propio hasta que se rescinda el contrato y se adjudique uno nuevo.

A esto, añaden que desde el mes de mayo siguen a la espera de recibir un oficio firmado por el Ministro del Interior que permita solicitar un informe al Consejo de Estado sobre la rescisión de ese contrato. Un trámite necesario debido a que la empresa adjudicataria ha presentado alegaciones en el proceso administrativo abierto.

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