El líder de la secta de Vistabella aislaba a sus adeptos de su entorno social y los convencía para que vendieran sus bienes

Las parafilias del cabecilla de la secta, Antonio G. L., de 64 años de edad, y el dominio sexual que ejercía sobre sus víctimas, las mujeres y niños que vivían en la masía de Vistabella del Maestrazgo, fueron los principales motivos que llevaron a varios exadeptos a denunciar al curandero y líder espiritual.

Según las investigaciones policiales, la estrategia de este individuo era aislar poco a poco a sus neófitos de su entorno social y familiar para luego convencerlos de que vendieran sus propiedades y formaran parte de la comuna con las normas que imponía el líder.

Tras tomar declaración a varias de las víctimas, la Policía Nacional investiga ahora el patrimonio de las tres personas encarceladas por la jueza que instruye el caso. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, los cabecillas de la secta tenían previsto abrir un establecimiento en Vistabella del Maestrazgo para vender pan y unos dulces que ellos mismos iban a preparar, pero al final desistieron porque tenían que realizar obras en el local que costaban 110.000 euros. La nuera de Antonio G. firmó incluso un contrato para hacerse cargo del negocio, aunque hace tres semanas rompieron el acuerdo alcanzado con el propietario del local.

La jueza que instruye el caso encarceló a tres de los nueve detenidos como presuntos miembros de la secta. La operación fue realizada por agentes de la Brigada de Información de la Policía Nacional de Castellón, Comisaría General de Información y de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) Central de la Comisaría General de Policía Judicial.

La Policía Nacional inició las investigaciones durante la pandemia, concretamente en noviembre de 2021, cuando varias víctimas abandonaron la masía de la Chaparra y denunciaron los presuntos abusos sexuales a menores y mujeres. Estas personas recibieron atención psicológica.

La causa está abierta por los delitos de agresión y abuso sexual, tanto contra adultos como contra menores de edad, trata de seres humanos con fines de dominación doméstica y sexual y exhibición de pornografía a menores, sin perjuicio de una ulterior calificación, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat Valenciana ha asumido la tutela de dos menores que fueron liberados por los agentes de la Policía Nacional que realizaron el registro de la finca agrícola. Según informaron fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, esta medida de protección se ha tomado después de que la autoridad judicial haya decretado la suspensión de la patria potestad de estos dos menores.

Las otras seis personas arrestadas por la Policía quedaron en libertad provisional con medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación respecto a las víctimas.