Cuatro hijos, sin casa y sin ayudas del Gobierno por no estar empadronados

Sin casa y sin ayudas por la dana pese a vivir en ella pero excluido de las mismas por no estar empadronados en la misma. Rafael, su mujer y sus cuatro hijos (de 10, 8, 2 años y 8 meses) siguen viviendo hacinados en casa de su padre, en Valencia. La dana se llevó su casa de Godelleta.

Esto, que ya sería un problema, adquiere tintes más penosos al estar encontrando puertas cerradas para recibir ayudas por no estar empadronados en este chalé.

Para entender la historia y los problemas de Rafael y su familia hay que retroceder cuatro años en el tiempo, a otro episodio traumático, el del Covid. «En 2020, en pleno confinamiento, nos confirman que mi hijo mayor padece TEA (Trastorno del Espectro Autista). Entonces decidimos endeudarnos para comprar una casita con jardín para que pudiera jugar al aire libre sin necesidad de forzarlo a socializar o a soportar situaciones estresantes», explica Rafael. Después de pensarlo unos meses, dieron el paso y en mayo de 2021 se fueron a vivir a una casa en la urbanización El Coscojar de Godelleta.

«La cuestión es que no llegamos a empadronarnos en Godelleta por recomendación expresa de la especialista de la USMIA (Unidad de Salud Mental de la Infancia y Adolescencia) que llevaba a mi hijo para evitar trastocarle a nivel social, afectivo y emocional. Valoramos la sugerencia positivamente, ya que mi hijo está bastante integrado en el colegio y le han mantenido siempre con su grupo de amigos y porque parece que evoluciona positivamente con la doctora», explica este padre de familia, quien justiifica la decisión en el bienestar de su hijo.

Es decir, su domicilio postal y fiscal está en Godelleta pero están empadronados en la casa de su padre en Valencia para no tener que cambiar de centro educativo ni médico.

De este modo, tras la dana, que afectó gravemente a su casa en la localidad de Godelleta, al solicitar las ayudas del Gobierno, «me llamaron hace un par de semanas desde la Delegación del Gobierno en Valencia para decirme que no me iban a conceder nada por estar empadronado en Valencia». Por más que les explicó su situación y les envió los certificados de Hacienda donde consta que su domicilio fiscal está en Godelleta, no cedieron. «Me reclamaban un «certificado de residencia» emitido por una entidad local de Godelleta que especificara que a fecha de 29 de octubre estábamos viviendo allí», sigue relatando este vecino.

Y así siguió su kafkiana lucha. Acudió al Ayuntamiento y a la Policía Local para solicitarlo «pero me indicaron que ellos lo único que pueden realizar es un certificado de convivencia donde certifican que estamos viviendo allí en la fecha en la que realicen la visita. Obviamente no pueden certificar a posteriori que residíamos allí cuando pasó la dana pero es que tampoco pueden certificar nada con fecha actual porque nuestra casa quedó completamente inhabitable, por lo que estamos temporalmente acogidos en casa de mi padre».

Esto ha provocado, de rebote, otro perjudicado, su padre, quien se ha marchado a su apartamento en Canet d'en Berenguer para dejar más espacio a la familia.

Posteriormente, volvieron a llamar a Rafael desde la Delegación de Gobierno, éste les comentó las novedades «y me indicaron que no existía el certificado que me pedían y que tampoco podían hacerlo con carácter retroactivo pero no les importó. Insistí en que no entendía que, siendo el Gobierno y con todos los datos nuestros que maneja para recaudar y pedir, no admitieran los certificados de la AEAT confirmando nuestro domicilio fiscal y de residencia. De hecho, mi esposa estaba dada de alta como autónoma para trabajar desde casa con domicilio en Godelleta pero tampoco lo aceptan porque el empadronamiento dice Valencia capital».

«Sin embargo, basta con un ticket de una empresa de reparto de comida o similar para acreditar mi residencia como okupa en una casa para que no puedan desahuciarme…», añadió, algo que consideró «lamentable».

Además, tampoco está muy satisfecho con la respuesta del Ayuntamiento de Godelleta, «que no ha actuado mucho mejor con respecto a las ayudas de Amancio Ortega. Publicaron unas primeras bases donde no se requería empadronamiento, pero varias semanas después las retiraron y ahora sí que lo exigen para los que tenemos viviendas afectadas. Sin embargo, no lo piden para los propietarios de campos entre otras modificaciones que han realizado convirtiendo las bases en mucho más restrictivas para las viviendas y completamente laxos para los campos incluso parcelas destinadas a placas fotovoltaicas».

De este modo, de todas las ayudas «con las que se han llenado la boca los distintos políticos, sólo nos han concedido los 6.000 euros de Mazón y la Generalitat Valenciana». Por su parte, el Consorcio sigue sin dar señales «por más que llamo todas las semanas para ver si hay avances».

Mientras tanto, sigue con su esposa y su cuatro hijos «hacinados en la casa de mi padre, y lo que nos queda, porque los daños en el chalé valorados por una empresa independiente ascienden a más de 90.000 euros. En el momento en que el perito pasó en enero contraté una empresa para el desescombro y reconstrucción de los muros de la parcela por valor de 60.000 euros a falta de que llegara la valoración e indemnización del consorcio para poder abordar el resto de trabajos pero el perito, aunque no ha concretado la cantidad, me ha dado a entender que no van a llegar a cubrir ni la cuarta parte de los daños».

La guinda de este amargo pastel tiene un tono agridulce pero que muestra los recovecos del destino. En la tarde del 28 de octubre la familia tenía previsto desplazarse a Godelleta para dormir allí, pero uno de los hijos tuvo un pequeño esguince de tobillo y la visita al hospital se prolongó hasta altas horas de la noche. De este modo, decidieron quedarse a dormir en Valencia, una decisión que, visto lo que pasó un día después, pudo haberles salvado la vida.

Ahora, Rafael confía en que se atienda lo que considera una reivindicación justa con respecto a la concesión de ayudas.

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