El alcalde de Cheste y cinco ediles declaran en el juzgado acusados de prevaricación

El alcalde de Cheste, varios de sus ediles del gobierno municipal y algunos técnicos han tenido que acudir en la mañana de este viernes al Palacio de Justicia de Requena para responder ante la denuncia presentada por una empresa, cuyos responsables consideran que desde el Consistorio se actuó de manera incorrecta al no concederle la correspondiente licencia para abrir una gasolinera en el término municipal.

En concreto, la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Requena, tras abrir las diligencias previas, había fijado la declaración para la mañana de este viernes 20 de mayo después de que se suspendieran las fijadas para el pasado 1 de abril.

En concreto, entre los acusados de un presunto delito de prevaricación administrativa está el alcalde de la localidad, el socialista José Morell, sus compañeros de formación y concejales del gobierno municipal Talía Roselló y Raúl Mota, y sus socios de gobierno María Ángeles Llorente y David Pujals (ambos de Esquerra Unida), y José Vicente Guijarro (Compromís). El alcalde y los ediles forman parte del actual equipo de gobierno.

Todos ellos y algunos técnicos municipales han recorrido los 50 kilómetros que separan Cheste de Requena, han declarado y han aportado su visión de un asunto que ya acumula un lustro pues todo se inició en el año 2017.

Fuentes del Ayuntamiento de la localidad han rechazado que esta denuncia tenga base alguna y han afirmado que la misma es "totalmente infundada".

Desde el Consistorio han explicado que el Ayuntamiento de Cheste denegó la licencia a esta empresa en su momento "porque el proyecto incumplía la legislación vigente al estar desasistida y no estar adaptadas sus instalaciones a las personas con discapacidad".

En concreto, según las mismas fuentes, que han efectuado estas manifestaciones tras la declaración judicial que ha concluido a última hora de la mañana de este viernes, el proyecto presentado por la mercantil "incumplía la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/2011, de 22 de marzo que aprueba el Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Valenciana, entre otras disposiciones legales".

Asimismo, han señalado que les parece "sorprendente que la acusación haya pedido que llamen a declarar a concejales y técnicos que no tomaron parte en el procedimiento por no ser concejales en la anterior legislatura o estar de baja".

En cualquier caso, y para defender su actuación, han señalado que "sendos dictámenes jurídicos avalan la decisión municipal de denegar la licencia de instalación de la gasolinera low cost en Cheste", por lo que están convencidos de que la resolución judicial no será condenatoria para ninguno de ellos. Todos los concejales y técnicos se han mostrado tranquilos y, según han explicado fuentes cercanas, han respondido a todas las preguntas que se les han efectuado "porque nuestra intención es que se aclare todo". Han asegurado que tienen la conciencia tranquila y han añadido que si hubieran actuado a la inversa, es decir, concediendo la licencia cuando ésta, según los informes y las opiniones de los expertos, no era legal, entonces sí podrían ser condenados.

El actual equipo de gobierno está formado por ocho concejales (cinco socialistas, dos de Esquerra Unida y uno de Compromís). Dos de los miembros del gobierno municipal, concejales del PSPV, no han sido llamados a declarar al no formar parte del pleno en la legislatura en la que ocurrieron los hechos. Completan el Consistorio del municipio de la Hoya de Buñol cuatro concejales del Partido Popular y uno de Ciudadanos.

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