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Antifraude detecta irregularidades en contratos menores por valor de 400.000 euros en Chiva

El órgano pide una investigación interna, que se depuren responsabilidades políticas y apunta a la concejalía de Fiestas y a la alcaldía

A. Rallo

Valencia

Jueves, 9 de marzo 2023, 22:50

La Agencia Valenciana Antifraude ha emitido un informe demoledor contra el Ayuntamiento de Chiva, que pone en la diana a la concejalía de Fiestas que dirige Fernando Casanova por el modus operandi en los procesos de contratación. El informe, colgado ayer en la web ... del órgano que dirige Joan Llinares, es uno de los más contundentes que se han publicado hasta el momento. «La primer conclusión es el uso abusivo, no justificado y no ajustado de la contratación menor en la concejalía de fiestas de Chiva», señala la resolución sobre una investigación que va desde 2016 a 2022 y que afecta a 168 contratos menores, «algunos de considerable importe y recurrencia año tras año». Además, Antifraude apunta que los órganos internos de control del Ayuntamiento advertían de la mala praxis pero que no se atendían estos requerimientos a la hora de la contratación.

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La investigación afecta a expedientes de contratos menores o sin contrato que suman 349.907 euros entre 2016 y 2019, más los contratos investigados de 2022. Antifraude considera que durante todos estos ejercicios se han realizado durante las fiestas patronales contratos con el mismo objeto, que responden a una misma necesidad recurrente y repetitiva: «Se ha prescindido del procedimiento adecuado, acordándose un fraccionamiento indebido que ha tenido como resultado objetivo la elusión de los requisitos de publicidad, procedimiento y forma de adjudicación».

El órgano que dirige Llinares apunta a «múltiples irregularidades» en los ejercicios investigados. En 2016 y 2017 no constan presupuestos en los expedientes de contratación «y sí contratos de empresa o adhesión», firmados algunos por el alcalde, Emilio Morales, con antelación a la adjudicación por parte de la junta de gobierno local. Incluso, según la investigación, la junta actuó en ocasiones meses antes de que se prestara el servicio. En 2018, según detalla Antifraude, se sucedieron también las irregularidades. Contratos sin presupuesto, adjudicaciones posteriores al servicio y algunos por decreto firmados por el alcalde. Tampoco se aportan precios de mercado ni valoración estimado del contrato.

En 2019 hay una variación en el modo de contratación menor y se incorporaron tres presupuestos, aunque no se aporta información de cómo, a quién y cuando se han solicitado. Todo se acompaña con un escrito del alcalde para justificar la operación. Mediante este procedimiento se contrataron carrozas, discomóviles y actuaciones musicales de distintas orquestas tanto en Chiva como en las urbanizaciones. En 2022, según el informe, se repite el modus operandi con fraccionamientos de contratos «frente a los informes de secretaría y los reparos de intervención». Se abonaron servicios sin contrato por casi 43.000 euros.

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Antifraude, en el apartado de recomendaciones de un informe de más de 50 páginas, reclama al Ayuntamiento de Chiva que revise de oficio los contratos menores y las facturas abonadas sin contrato de 2016 a 2019 y 2022, además de la valoración del precio de mercado.

Llinares también pide que se abra una investigación interna para depurar responsabilidades tanto a nivel de funcionarios como de cargos electos. Una investigación sobre el sistemático fraccionamiento de contratos en las fiestas patronales y sobre aquellos procesos que no han cumplido con la competencia y la concurrencia.

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Además, pide que se instaure un modelo de contratación para evitar que se adjudiquen contratos menores a empresas que tengan vinculaciones con otras mercantiles que también se hayan presentado. Además se pide que se publiciten todos los contratos, que se planifiquen las necesidades. Antifraude apunta que si no se satisfacen sus recomendaciones la normativa permite poner este asunto en manos de la autoridad judicial y del Tribunal de Cuentas.

El concejal de Fiestas, Fernando Casanova, señaló ayer que está dispuesto a que abra una comisión de investigación sobre ese asunto y que se depuren las responsabilidades: «Es una denuncia anónima y puedo asegurar que no se ha aprobado ningún contrato que no haya contado con la aprobación de la junta de gobierno del Ayuntamiento. Nunca ha habido nunca un informe en contra».

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