La Audiencia deja al alcalde de Chiva al borde del banquillo por el pago de sobresueldos sin justificación

Morales, de la coalición de Compromís, se ha dedicado desde 2016 al pago de cantidades fijas, al margen del sueldo, a los trabajadores del Ayuntamiento. Estos extras se amparaban bajo el concepto de productividad, aunque en realidad no estaban sujetos «a unos criterios preestablecidos o a la consecución de unos objetivos reglados». Es decir, se trataba de sobresueldos sometidos a la arbitraria voluntad del equipo municipal, según se desprende de la instrucción. Todo lo anterior se materializó «a pesar de los reparos a la legalidad efectuados por parte de la Secretaria e Interventora del consistorio».

Los recursos de la defensa de Morales y otros imputados para revocar la resolución han resultado inútiles. La Audiencia ha confirmado la existencia de indicios suficientes, tal y como ya expuso el juzgado de Instrucción. Es más, los magistrados subrayan que, en ocasiones, los sobresueldos se pagaban «aún estando el trabajador de baja laboral o de vacaciones, siendo en estos casos contrario a la propia naturaleza del concepto». Se trataría, a modo de conclusión inicial, de una actuación «manifiestamente improcedente, máxime cuando no existían criterios previamente establecidos para su concesión», razonan los magistrados.

La Audiencia recuerda a las defensas que algunas de las cuestiones que plantean corresponden al fondo del asunto, unos hechos que han de abordarse necesariamente durante la vista oral y ser resueltos en sentencia, pero no ahora, en esta fase intermedia del procedimiento.

Además, el tribunal rechaza la imputación en este momento de José Luis Haro, el que fuera alcalde del municipio y diputado del PP en las anteriores legislaturas. Reprocha a los investigados que no plantearan esta cuestión en el inicio de la instrucción y lo hagan justo ahora, lo que obligaría a retroceder las diligencias justo al inicio del procedimiento.

Morales revalidó la alcaldía esta legislatura después de que su partido de coalición, Compromís-Más Chiva, llegara a un acuerdo para un pacto de gobierno con Esquerra Unida y Vinchi. Aunque se trata de una renovación del pacto suscrito en la anterior etapa, en este caso obtiene la mayoría absoluta, lo que hacía prever una mayor estabilidad política en el municipio perteneciente a la Hoya de Buñol con nueve escaños de los 17 de la corporación municipal.

Los gobiernos de la localidad no han tenido mandatos precisamente pacíficos. Por ejemplo, el exalcalde José Manuel Haro está procesado por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y cooperador necesario de delito de falsificación en la liquidación de la empresa municipal Suma Chiva. Se enfrenta a cinco años de prisión junto a Marcos Navarro y Pascual Navarro por presuntamente esquilmaron la empresa municipal Suma Chiva.

El objeto social de esta mercantil municipal era realizar estudios urbanísticos, redacción de ordenamiento de planes y otro tipo de programas de desarrollo urbano. La empresa se creó en 2008 con un capital social de 69.000 euros y Pascual Navarro fue nombrado gerente. El Ministerio Público entiende que el exalcalde de Chiva en compañía del que fuera su concejal de Urbanismo «abusando ambos de sus facultades por el control que tenían en el Ayuntamiento, abonaron facturas a Suma Chiva con cargo a los fondos del Ayuntamiento de Chiva, facturas que no obedecían a los servicios que se hacían constar en las mismas.