Castelló agranda la polémica por su nombre

alzira. Desde ayer Villanueva de Castellón ya es Castelló. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba este viernes el decreto de 4 de septiembre del Consell de la Generalitat en el que se aprobaba el cambio de denominación de este municipio de la comarca de La Ribera, de unos 7.000 habitantes, por la forma exclusiva en valenciano.

«Para nosotros supone un aliciente importante y resolver un problema con la denominación del municipio que viene de décadas», asegura el alcalde, Óscar Noguera, quien, reconociendo que no gustará a todos los vecinos, incide en que el 90% están de acuerdo con este topónimo.

El alcalde considera que con esta denominación se llega a una situación salomónica entre los vecinos que querían que se mantuvieran Villanueva de Castellón y los que apostaban por Castellón de la Ribera. «Es una zona de confluencia en la que todos ganan y pierden», dice.

Sin embargo, sobre la polémica ahora abierta con Castelló de la Plana Noguera, preguntado por LAS PROVINCIAS, ha querido permanecer al margen y asegura no saber si han presentado recurso o solicitado la nulidad del acuerdo o no.

Desde el consistorio, asegura que van a ir solicitando el cambio de las señalizaciones que no son de su competencia y «poco a poco» las del municipio.

De hecho, en la web municipal ya se utiliza desde hace tiempo la denominación 'Ajuntament de Castelló'.

No obstante, el decreto publicado en el Boletín del Estado establece la posibilidad de interponer directamente un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses; así como, potestativamente, recurso de reposición ante el Consell, en el plazo de un mes.

Desde Castelló de la Plana ya se anunciaba, por parte de la alcaldesa, Amparo Marco, que defenderían la denominación de Castelló como capital de provincia y que llevarían a cabo las medidas legales que fueran necesarias.

Sin embargo, fuentes del consistorio, aseguran que, como ya anunciara la propia alcaldesa, los servicios jurídicos municipales están estudiando y valorando las medidas que podrían llevarse a acabo al respecto, pero que, de momento, no hay ninguna decisión tomada.

Según se indica en el propio decreto, al consistorio de Castelló de la Plana no le cabe ya acudir a la vía administrativa, aunque sí podrá requerir la anulación o revocación del decreto, previamente a la interposición de recurso contencioso-administrativo, teniendo para ello dos meses.

En Consell avala su aprobación del cambio de topónimo a que la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local certificó que, la nueva denominación de Castelló no coincide con la de ningún municipio inscrito en dicho Registro de Entidades Locales. Así como haber contado con el visto bueno del pleno de la Academia Valenciana de la Lengua.

No es la primera vez que el municipio, ahora de Castelló, se ve en litigios por el topónimo. Casi tres décadas llevan tras una denominación, impulsadas, en unos y otros casos por los equipos de gobierno de turno.

La pugna entre los partidarios de Villanueva de Castellón y Castelló de la Ribera comenzó en 1994 cuando los socialistas en el gobierno local inició un trámite, aprobado por el pleno para que la población, pasase a denominarse Castelló de la Ribera.

El Consell aprobaba el cambio por decreto, surgiendo los primeros conflictos entre vecinos partidarios y contrarios al cambio. A partir de ese momento, y hasta que el Tribunal Superior de Justicia dijo lo contrario, la localidad se denominó Castelló de la Ribera. Aunque sólo por cuatro años. El TSJCV falló favor del recurso presentado por Veïns Pro-Referèndum, partidarios de Villanueva de Castellón.

En 2009 el Ayuntamiento de Villanueva de Castellón, gobernado por Esquerra Unida presenta recurso de amparo ante el Constitucional, que no salió adelante. Ha sido en esta nueva legislatura, en esta ocasión con Compromís en el gobierno local cuando se ha optado por este topónimo intermedio, refrendando en pleno por su mayoría y con la abstención de la oposición.

Aunque este decreto pudiera poner fin a las diferencias internas entre vecinos, ahora el conflicto transciende fronteras, a la espera de que Castelló de la Plana mueva ficha.