Dos comarcas del interior asumirán el 50% del total de potencia de energía fotovoltaica de la Comunitat

En el Valle de Ayora-Cofrentes hay en tramitación una cuarta parte, 1,150 megavatios de los 4.300 correspondientes al total de proyectos de plantas fotovoltaicas que se tramitan en toda la provincia de Valencia. En el Alto Vinalopó, 1.880 megavatios, casi la mitad de toda la provincia de Alicante. Por su parte, en las comarcas de Valencia ciudad, l'Horta Nord, l'Horta Sud y la Ribera Baixa, sólo hay 4 proyectos que suman 15 MW.

Son los datos que han dado a conocer desde la Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables, integrada por más de 40 colectivos de las tres provincias, principalmente del interior de la Comunitat.

Según indican, dos comarcas del interior con 62.200 habitantes, es decir, el 1,25% de toda la población valenciana, asumirán la instalación del 50% de la potencia estimada por la Generalitat para 2023, el 30% de la que está en tramitación actualmente. Sin embargo, la suma de las cuatro comarcas donde se concentra el 32% de la población de la Comunitat (1.644.300 habitantes), asumirían sólo el 0,12% de la potencia a instalar.

Además, ponen de relieve "un impacto que queda en un segundo plano: la construcción de nuevas líneas de alta tensión necesarias para evacuar toda la energía producida con este modelo de macroplantas alejadas de los sitios de consumo". Hablan de más de 1.500 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión aéreas, más 1.000 de subterráneas, "que se sumarán a los que ya tenemos y que sobrevolarán nuestros cultivos, montañas, paisajes y zonas habitadas, y afectarán la socio-economía rural, agrícola, turística, paisajística, faunística y medioambiental de los territorios por los que transitarán".

Desde la Coordinadora denuncian el incumplimiento del acuerdo firmado por los partidos del Botánic junto a la convalidación del decreto 'Ómnibus' por el que se comprometían a corregir lo que consideran "graves errores" del decreto de renovables. "Incumplen sus propios acuerdos y abandonan el territorio definitivamente dejándolo en manos de las empresas redactoras de proyectos, grupos inversores y promotoras que captarán los fondos públicos y que han hecho una planificación y elección de terrenos donde más les ha interesado económicamente, gracias a una legislación, autonómica y estatal, que se lo ha permitido y facilitado".

Insisten en la necesidad de una ubicación racional y equilibrada y piden estudios de la necesidad real de energía y el desarrollo de los proyectos en función de los mismos y prevaleciendo su implantación en suelo urbano y urbanizable y lo más próximos posibles a los lugares de consumo, especialmente zonas industriales.

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