La Cooperativa de Viver gestiona más de 100 hectáreas para evitar el abandono de tierras

La Cooperativa de Viver acaba de incorporar 56 nuevas hectáreas a su Iniciativa de Gestión Común (IGC) de tierras de cultivo con las que suma un total de 103 hectáreas cedidas por socios que ya no pueden o no desean ocuparse de ellas.

El objetivo es evitar que las parcelas caigan en desuso, e incluso recuperar las que ya lo están, al tiempo que mantiene su capacidad productiva, promueve el relevo generacional en el sector agrario y conserva el territorio a través de la preservación del mosaico agroforestal.

De momento son una decena de socios de la cooperativa los que han aportado sus tierras mediante contratos de cesión a largo plazo. El modelo de IGC que promueve la Cooperativa de Viver se basa en la recuperación de campos abandonados o en riesgo de abandono para incrementar la producción propia a partir de una dirección técnica única y con un equipo joven profesionalizado, asegurando la máxima calidad del producto desde el origen y mejorando su rentabilidad.

De esta manera la cooperativa puede establecer su propio plan estratégico de producción y asegurar las buenas prácticas agrícolas al disponer de la gestión directa de la tierra.

Y es que, cabe recordar que la Comunitat Valenciana es la región donde más tierras de cultivo se abandonan a nivel nacional, con una superficie agrícola total en desuso de 73.676 hectáreas, según la última Encuesta sobre Superficie y Rendimiento de los Cultivos publicada por el Ministerio de Agricultura.

La causa de este abandono está en la dificultad de rentabilidad dado el reducido tamaño de las explotaciones agrícolas, junto con la falta de relevo generacional. Cuando estas tierras pertenecen a socios de cooperativas, son estas entidades las que pueden ver comprometida su sostenibilidad económica al sufrir una reducción de su producción y consecuentemente de sus ingresos mientras aumentan sus costes fijos.

La Cooperativa de Viver se mantiene abierta a nuevas propuestas de incorporación a su IGC con el fin de evitar el abandono de tierras y seguir siendo un motor económico para la comarca del Alto Palancia.

Desde la Cooperativa aseguran que son una «excepción dentro de un mundo agrario en constante decadencia». Así, mientras la agricultura valenciana ha descendido el 15,1%, el sector agrario ha crecido en Viver el 4,1% en superficie neta, y además lo ha hecho con una modernización absoluta al transformar el secano en regadío, con un incremento este último de un 163,3% hasta alcanzar las 490 hectáreas, según datos del Instituto Valenciano de estadística (IVE).

Las contrataciones en el sector agrícola en Viver también son una muestra de esta excepción al haber aumentado un 2,1% entre marzo de 2021 y marzo de 2022, según las últimas cifras del Portal d'Informació ARGOS de la Generalitat Valenciana, elaborados conjuntamente con los servicios públicos de empleo, en contraposición al descenso de contratos agrícolas registrados a nivel provincial, donde se ha producido una caída interanual del 4,75%, y del conjunto de la Comunidad Valenciana, donde la bajada ha sido del 1,4% respecto al año anterior.

La agricultura Viver supone un valor directo de unos 6 millones de euros anuales, lo que se traduce en un promedio de 4.125 euros anuales por hectárea. La comercialización de las producciones agrarias en torno a la Cooperativa de Viver refleja el incremento progresivo del valor de las principales cosechas (olivo, almendro, nogal y viña) en los últimos 15 años, llegando a alcanzar los 2,3 millones de euros.

Desde la Cooperativa defienden estas Iniciativas de Gestión Común, «sostenible en el territorio», frente a proyectos como el parque fotovoltaico que pretendía instalarse sobre una superficie equivalente de parcelas en producción.

Según señalan desde la entidad, este proyecto, promovido por la mercantil Proyecto Fotovoltaico Aicrum-1-SL, no contaba con un análisis real y exhaustivo de su impacto a nivel económico, social y ambiental y sin participación pública y asegura que supondría la eliminación del 7% de la agricultura local y el 15% de las infraestructuras de riego que abastecen los campos, generando una pérdida significativa de empleo e ingresos locales y, en consecuencia, un freno al crecimiento de la población local.

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