La 'doctrina Botín' salva al equipo de gobierno de Chiva del juicio de las productividades

La petición de archivo por parte del Ministerio Fiscal ha sido la clave para que el proceso judicial no vaya a seguir adelante en base a la 'doctrina Botín'.La jurisprudencia asentada por el Tribunal Supremo, y que es conocida como 'doctrina Botín', señala que un caso no pude seguir adelante sólo con la acusación particular, que representa el exalcalde del Partido Popular José Manuel Haro. En este caso, tanto los perjudicados como la Fiscalía han pedido el sobreseimiento de la causa, una condición suficiente para que el juzgado de instrucción número 1 de Requena tome la decisión de anular la petición de apertura del juicio oral contra Emilio Morales, Fernando Casanova y el resto de concejales.

La doctrina Botín fue establecida por el Tribunal Supremo en su sentencia 1045/2007 y permitió al banquero que le dio nombre, Emilio Botín, librarse de ser juzgado por las cesiones de crédito comercializadas por el Banco Santander. La doctrina sirvió posteriormente para que la Infanta Cristina de Borbón, que no fue acusada ni por el Fiscal ni la Abogacía del Estado, no se sentara en el banquillo por el caso Nóos, que llevó a prisión a su exmarido, Iñaki Urdangarín.

La clave en este caso está en Iván Hernández, que es el letrado del concejal Fernando Casanova –líder del partido Vinchi en Chiva– y uno de los actores principales en aquel proceso judicial contra el banquero, que ha sido determinante en la Justicia española y que se ha aplicado en mucho casos. Iván Hernández, que tiene su bufete en Madrid y que una demanda suya dio origen a la doctrina, es además el abogado de Antonio David, el exmarido de Rocío Carrasco, y de su mano le ha ganado las demandas a Telecinco por su despido. Hernández, especialista en Derecho Mercantil, se ha enfrentado a grandes bancos, es uno de los nombres que propició la 'doctrina Botín'.

El proceso judicial iniciado por el juzgado de Requena investigaba el reparto en el Ayuntamiento de Chiva de más de un millón de euros en productividades desde 2016 por parte de algunos miembros del equipo de gobierno, que fueron los que aprobaron la decisión, a los funcionarios municipales –el exconcejal de IU Manuel Clemente quedó fuera de la investigación–.

Una práctica que se llevaba a cabo a pesar de los informes en contra de los técnicos del Ayuntamiento. El denunciante fue el exalcalde de Chiva José Manuel Haro que, curiosamente, realizaba la misma práctica de reparto de productividades durante los años que estuvo al mando del Ayuntamiento, pero nunca encontró el reparo de la Intervención municipal.

Haro presentó una denuncia contra el actual equipo de gobierno, a pesar de que él mismo firmaba las mismas productividades para funcionarios en épocas anteriores. De esta manera, el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Chiva se ve liberado de la gran losa que pesaba sobre su gestión, y que podría apuntar a que se sentaran en el banquillo antes de las próximas elecciones municipales de mayo de 2023. De esta manera, Compromís y Vinchi, los dos grandes partidos afectados por este asunto, ven como su futuro judicial desaparece del horizonte.