Europa examina la aprobación de 25 macroplantas fotovoltaicas en el Valle de Ayora

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la queja presentada por la  Asociación Naturalista de Ayora y la Valle (ANAV) y la Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables por incumplimiento del Derecho Comunitario en la tramitación y aprobación de 25 proyectos de plantas fotovoltaicas y 2 instrumentos que aceleran su implantación en esta comarca valenciana y su extensión en la provincia de Albacete.

Desde lo colectivo entienden que se ha producido una irregularidad a la hora de tramitar estos 25 macroproyectos de manera fraccionada, dado que se sitúan contiguos, «como si de un puzzle se tratara», y con sus conexiones vinculadas. Explican que los 25 proyectos abarcan más de 2.000 hectáreas de campos de cultivo y sumarán más de 1.000 megavatios de potencia.

Consideran que con esta tramitación fraccionada «se ha conseguido una deficiente evaluación de afecciones medioambientales, contrariando la normativa europea», al «esquivar» la evaluación ambiental ordinaria, que es más exigente y exhaustiva y evitando una evaluación de las repercusiones de todo el conjunto sobre el medio, denuncian.

También critcan el hecho de que, paralelamente a la autorización de estas plantas fotovoltaicas, se han aprobado dos instrumentos de aceleración de la implantación de estos y futuros proyectos como son la declaración de prioridad energética del ámbito territorial del suelo no urbanizable común del Valle de Ayora-Cofrentes (DPE), y el Plan Especial de Ordenación de infraestructuras de generación de energía solar fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel (PE).

«Estos dos instrumentos convierten este lugar en zona de sacrificio, facilitando aún más la implantación de polígonos industriales de energías renovables sobre el suelo fértil», lamentan desde ambas organizaciones, que considera que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental llevado a cabo para estos proyectos ha sido insuficiente. «Se ha realizado de modo sesgado, ha utilizado una metodología inadecuada e incluso ha admitido modificaciones posteriores del proyecto que no se han evaluado».

También lamentan el Plan Espacial elaborado por los tres ayuntamientos, «sin participación ciudadana real y efectiva», por lo que consideran que se ha incumplido ampliamente con la normativa europea y nacional  y en especial con las directivas de Hábitats y Aves Silvestres,  así como la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y el Convenio de Aarhus  sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

También recalcan que la energía que produzcan estas plantas no será para consumo de estas comarcas, «sino para transportarla mediante largas líneas de transporte hacia lejanos puntos de consumo» y que en algunos municipios, más del 50% de las tierras de cultivo de secano serán ocupadas por las plantas, «uso que compite y desplaza a las actividades económicas rurales y afecta negativamente a la supervivencia de la fauna, la flora, los acuíferos y el paisaje», denuncian.

«No entendemos que, al tiempo que la UE quiere preservar y proteger el 30% de nuestras zonas terrestres, se permita que las centrales renovables se sigan instalando en la naturaleza rural virgen en lugar de en zonas ya irreversiblemente alteradas por el ser humano», manifiestan en un comunicado y lamentan que ésta sea una práctica repetida y generalizada en la tramitación de renovables en todo el país.

Es por ello que han decidido recurrir a instancias europeas y a la exposición pública de estas actuaciones porque, insisten, «suponen una agresión más a nuestros ecosistemas».

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