Un policía denuncia en Fiscalía que el alcalde de Sedaví no tramita las multas contra discotecas

Final de campaña algo tormentoso para el alcalde de Sedaví, el socialista José Francisco Cabanes, quien aspira a revalidar su mandato el próximo domingo. Un agente de la Policía Local del municipio ha denunciado al primer edil ante la Fiscalía Provincial de Valencia porque sostiene que no tramita las multas contra determinados locales de ocio. En teoría, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación. El ministerio público ha recibido la documentación pero, de momento, no ha incoado las correspondientes diligencias.

El agente denunciante sostiene que se han cometido «irregularidades» en la tramitación de sanciones contra este tipo de establecimientos. Los policías han gestionado una serie de propuestas de sanción en el ejercicio de sus competencias.

Llama la atención que la denuncia se centra principalmente en locales nocturnos. Las sanciones castigan la contaminación acústica y el incumplimiento de horarios, fundamentalmente. Pero pese a los boletines, los agentes ignoran que destino han tenido finalmente estas multas.

El denunciante, además, traslada a la Fiscalía más datos acerca de la supuesta conducta irregular del primer edil. Así, asegura en su escrito que cuando se disponía a sancionar a algún propietario ha sido testigo de cómo los presuntos infractores llaman en su presencia al alcalde para comunicarle que les van a multar.

El agente concentra sus sospechas en al menos tres establecimientos, una salón de banquetes y dos discotecas. Respecto al restaurante, según las cifras que maneja, se han impuesto ocho denuncias por contaminación acústica. Sin embargo, se desconoce el desenlace final de estos expedientes.

La ristra de supuestas irregularidades en las salas de ocio es extensa. En una de las discotecas se recogen hasta 23 denuncias vecinales por ruidas, altercados, agresiones, problemas con las salidas de emergencia, violencia de género, como principales hechos delictivos. En la otra discoteca, existen al menos una quincena de denuncia en tan sólo un año por similares motivos.

El policía comunicó al ministerio público que esta situación está generando alarma social en el municipio porque las quejas vecinales no tienen consecuencias ni se controla la inseguridad ni los problemas que generan las incidencias en estas salas. El agente sugirió en su denuncia que la inacción del Consistorio se debe a la amistad que el alcalde mantiene con los propietarios de algunos de estos negocios.

Existen antecedentes de casos similares que han tenido cierto recorrido judicial. Por ejemplo, con la exalcaldesa de Carlet María Ángeles Crespo que llegó a enfrentarse a un año y medio de prisión por un delito de acoso laboral al que fuera jefe de la Policía Local de su municipio, José Llopis. Durante cerca de cuatro años, el intendente fue víctima de «actos hostiles y humillantes» como represalia ante su negativa a quitar multas de tráfico a los vecinos, tal y como le ordenaba la primera edil, según su denuncia.

La responsable de los populares, que fue senadora durante una legislatura, se libró, en su momento, de la acusación por prevaricación o tráfico de influencias. La fiscalía ha pedido el sobreseimiento por estos delitos al no haber quedado acreditado que las anotaciones que la alcaldesa hacía en los expedientes -A (anular) y R (ratificar)- se materializaran luego en una resolución oficial o que estas influyeran en el funcionario de algún modo o incluso que ella hubiera obtenido un beneficio económico.

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