El Robin Hood valenciano de los 500 euros

El asunto arranca en 2008, cuando la Diputación y el Consorcio firman un acuerdo para que la institución provincial lleve la gestión y aprobación de los padrones. El problema es que a partir de 2012, el proceso se mantiene invariable, aunque el convenio ya no está vigente, y en 2015 es cuando Antonio Domínguez se da cuenta que se está cobrando una tasa de residuos en base a un padrón que no se sostiene. El órgano que lo aprueba no tiene potestad para hacerlo.

Este vecino lleva el padrón de 2015 al juzgado, con el fin de recuperar el dinero que se le ha cobrado de manera irregular. El primer golpe es un varapalo a sus intereses, pero acude al Tribunal Superior de Justicia, que le da la razón a principios de 2019. Previamente, como es previsor y constante, también había puesto en manos de la Justicia los padrones de 2016, 2017 y 2018.

El TSJ, sin entrar en más detalles, determina que la Diputación es incompetente para cerrar el padrón de los municipios a los que el Consorcio Valencia Interior da servicio. Al final de la película, Antonio ha recuperado el dinero, unos 500 euros, y ha encendido una mecha que corre por los municipios afectados.

Desde el Consorcio aseguran que los vecinos tienen poco que hacer, que el asunto está prescrito y que se trata de una reclamación de carácter individual. Pero la realidad es que todos los días hay colas en las oficinas de gestión, hay gente que pasa a recoger los papeles de reclamación y que los rellena para tener la misma suerte que Antonio Domínguez, que lleva años peleando contra esta situación.

«A mí a todo el que me pregunta le digo sin dudar que reclame, que presente el escrito. La reclamación es individual y a mí me ha dado la razón un juzgado, pero esto es mucho más complejo de lo que parece. Si la vía va por ingresos indebidos y se deniega se puede recurrir al Tribunal Económico Administrativo, que es gratis. Y si es una solicitud de revisión de actos nulos, para denegarse se necesita un informe preceptivo del Consell Jurídic Consultiu», apunta Antonio, que tiene la agenda llena de actos en varios municipios para guiar a los ciudadanos que buscan recuperar el pago del impuesto.

Desde el Consorcio acusan a este vecino de entorpecer la labor de la administración, de multiplicar el trabajo por la gestión de las reclamaciones y aseguran que todo es «un bulo», porque aunque reconocen que el error en el padrón existe, el tema está prescrito.

El Consorcio Valencia Interior da servicio a 61 municipios de la provincia y cubre desde el Rincón de Ademuz al Valle de Ayora, la Hoya de Buñol-Chiva, Utiel-Requena o la Canal de Navarrés. Todos los vecinos que tengan una propiedad en los términos municipales de las localidades incluidas en estas comarcas tienen los mismos derechos y obligaciones que Antonio Domínguez.

El impacto económico que tendría la devolución total de la tasa sería de 100 millones, según los datos de recaudación anual del Consorcio, que oscila entre 20 y 22 millones por ejercicio. Una cantidad que llevaría a la quiebra al organismo y que sería insostenible su ejecución. El Circuito de Cheste, por ejemplo, que es una de las instalaciones más importantes del interior de la provincia de Valencia podría recuperar alrededor de 150.000 euros de la tasa del tratamiento de basura en el caso de que optara por recurrir el pago y fuera aceptado.

Con la tasa, según la web del Consorcio, se financia el tratamiento de la basura que llega a las plantas de Llíria y Caudete de las Fuentes, además de la gestión de los ecoparques y el tratamiento adecuado de los residuos especiales que se recogen.

La tasa tiene un coste fijo de 28,28 euros y una parte variable en función de la cantidad de toneladas de residuos que llegan a las plantas de cada municipio. En los primeros meses de 2022, los pueblos que más residuos han generado son Riba-roja (849 toneladas), Pobla de Vallbona (840), Llíria (818), Bétera (797), Chiva (648) y l'Eliana (611).