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REDACCIÓN/EP
Viernes, 26 de noviembre 2021, 00:22
Valencia. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que reconoce la legitimación de la abogacía del Estado para ejercer la acusación particular, en representación del Ministerio de Sanidad y de la Organización Nacional de Trasplantes en un proceso penal por tráfico de órganos seguido en Valencia y en el que figuraban como acusados cinco personas por el intento de compraventa de un hígado para un ciudadano libanés. El alto tribunal anula el fallo de la Audiencia Provincial y ordena celebrar un nuevo juicio.
En este caso estaban acusadas cinco personas de proponer a otras que se prestaran a que se les extrajera parte del hígado a cambio de hasta 40.000 euros, trasplantes que no se realizaron porque no los autorizaron. Una fue absuelta y otras cuatro condenadas a penas de entre uno y dos años de prisión.
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