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B. González
Segorbe
Miércoles, 30 de abril 2025, 11:42
Una treintena de asociaciones, colectivos y entidades, entre ellas la Plataforma contra la Fotovoltaica Calderona, que agrupa a vecinos y defensores del territorio, han presentado alegaciones, por segunda vez, al proyecto que la empresa Verdenes Solar 5 S.L., filial de la holandesa Kenergy y de la francesa Reden, una central solar fotovoltaica de 48,3 megavatios de potencia, pretende instalar en el Parque Natural de la Sierra Calderona, bajo la denominación 'Segorbe Sol'.
Nada más que a título individual han sido 765 las alegaciones presentadas, además de las que han presentado asociaciones vecinales, ayuntamientos, sindicatos, ecologistas, empresas agrícolas, clubes deportivos y de caza y otros colectivos. Además, la Plataforma ha recogido ya más de 3.300 firmas en su campaña en la web Change.org. Consideran que este proyecto supone «una agresión directa a un espacio protegido».
Desde la Plataforma, que nació para luchar contra la ubicación del que sería el mayor parque solar de la Comunitat Valenciana en la Sierra Calderona y que fue desestimado por el Ministerio en 2023, denuncian el hecho de que esta nueva tramitación se haya hecho con un procedimiento de «urgencia», para lo que han presentado un recurso de alzada, y creen que dicha urgencia se debe a que se acaba el plazo para obtener la autorización, «el 11 de mayo les caduca el permiso de conexión y para esa fecha deben contar con el informe favorable», explican.
Cabe recordar que, en junio de 2024 presentaron el por primera vez el proyecto a exposición pública y entonces ya se presentaron ciento de alegaciones, con argumentos que aún siguen defendiendo como que el lugar donde se pretende instalar la planta afecta al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de la Sierra Calderona, con la eliminación de áreas forestales y zonas agrícolas, además de fauna y flora autóctona.
En concreto, según exponen el proyecto ocuparía 98,41 hectáreas incluidas en el PORN de la Calderona, afectando a tres barrancos, terreno forestal estratégico para la recarga de acuíferos, una vía pecuaria, caminos públicos, Paisaje de Relevancia Regional (PRR) y varios Hábitats de Interés Comunitario (HIC). Además, se sitúa a escasos dos kilómetros de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y planea instalar parte de sus paneles solares sobre pendientes superiores al 25%, un hecho que incrementa gravemente el riesgo de erosión y degradación del suelo.
«La magnitud de la intervención queda patente en las cifras: 85.652 paneles solares distribuidos en islas separadas y un vallado de más de 16 kilómetros, creando un auténtico muro artificial en el paisaje», subrayan y lamenta que ni siquiera se ha presentado el proyecto de la línea de evacuación eléctrica, «ocultando así sus impactos reales y vulnerando el derecho de la ciudadanía a una evaluación ambiental completa».
Desde la Plataforma recuerdan que «el propio Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) reconoce, de manera alarmantemente superficial, la presencia de aves protegidas, como el águila perdicera, en peligro de extinción» y califican de «insulto», las medidas de mitigación propuestas como «la simple instalación de algunas cajas nido y el marcaje GPS de ejemplares de águila culebrera y aguilucho cenizo, acciones claramente absurdas e insuficientes para contrarrestar el impacto masivo de la central».
También denuncian que el EsIA carece de documentos imprescindibles, como el Informe de Afección al Patrimonio Cultural o un Estudio Anual riguroso de la avifauna, «lo que debiera ser motivo suficiente para la inadmisión del proyecto», consideran.
El primer proyecto que la promotora sacó a información pública en junio de 2024 no llegó a obtener una resolución, «probablemente pors sus afecciones al medioambiente y al gran número de alegaciones presentadas» y desde la Plataforma lamentan que, a pesar de ello, «la empresa promotora insiste y lo vuelve a sacar a información pública (en marzo de 2025), camuflando ahora las afecciones con la eliminación de la línea de evacuación y utilizando procedimientos de urgencia ilegales que reducen drásticamente los tiempos de alegación. La última exposición pública fue de 15 días hábiles, coincidiendo además con la Semana Santa para dificultar la respuesta social», critican.
Desde la plataforma reiteran que no están en contra de las energías renovables, sino «de su implantación irracional y depredadora del entorno natural». «Apoyamos las renovables en cubiertas y zonas degradadas, pero no permitiremos la destrucción de nuestros espacios naturales protegidos«, afirman.
De aprobarse este proyecto, advierten los afectados, no dudarán en recurrir a todas las vías legales disponibles, entre ellas el contencioso-administrativo o denuncias ante la Fiscalía de Medio Ambiente, en instancias europeas y peticiones al Parlamento Europeo.
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