En 1957 el dinero del Estado se demoró ocho meses

La inútil batalla sobre los retrasos en las alertas puede seguir con la intensidad que deseen sus protagonistas, pero lo cierto es que en 1957 el Estado tardó más de ocho meses en desbloquear fondos para los damnificados y en 2024 solo han pasado ocho días hasta que el decreto correspondiente ha aparecido en el BOE.

En la historia de las inundaciones valencianas hay idénticos rituales de calamidad, petición de ayuda y concesión de socorros, acompañada de una disputa política que se difumina por orden del poder o discurre en libertad. Pero la realidad es que en el caso que nos ocupa, por encima de la trifulca política, hay una celeridad hasta ahora nunca vista: el 6 de noviembre ya se ha publicado en el BOE un Real Decreto ley en el que se consignan más de 10.000 millones de euros a ayudar a los damnificados. Eso nunca había ocurrido.

En la histórica riada que se toma como patrón, la del 14 de octubre de 1957, hubo que esperar hasta el 23 de diciembre a que un consejo de ministros presidido por Franco, dotara de fondos (300 millones de pesetas) al decreto de Adopción publicado el 18 de octubre para proveer de ayudas a los damnificados. Así y todo, aún fue preciso esperar al 20 de junio de 1958 para la correspondiente comisión técnica ministerial de ayuda a Valencia concediera 100 millones de pesetas y desbloqueara los fondos de la suscripción benéfica que se estaba desarrollando en toda España, con generosas donaciones, sin que el dinero fluyera con rapidez a los ayuntamientos perjudicados en sus instalaciones ni menos aún a los particulares que lo habían perdido todo.

Este retraso de más de ocho meses es el que desencadenó la crisis política en la riada de 1957. El alcalde de Valencia, el marqués del Turia, intentó denodadamente acceder a esos fondos para poder pagar a los proveedores de reposición de bienes del Ayuntamiento y para que las soluciones llegaran a los damnificados. Sus gestiones fueron muchas y muy tensas, sobre todo ante un ministro nombrado delegado especial, Pedro Gual Villalbí, que era lento y dio muestras de escasa capacidad para gestionar el problema.

El alcalde, cuando vio que el 25 de noviembre el ministro había entregado dinero destinado a los valencianos a subvencionar los problemas de los cultivadores de tomate de Canarias, montó en cólera, protestó y amenazó con dimitir. Pero solo consiguió que el capitán general de Valencia, Joaquín Ríos-Capapé, decidiera liberar, el 26 de noviembre, 51,9 millones de pesetas de las donaciones que se centralizaban bajo su mando. Eso ocurrió mes y medio después de la riada. Y ya determinó que el alcalde de Valencia generaba una seria incomodidad política, que a la postre fue castigada con la destitución, en octubre de 1958.