Negligencias sin castigo

Hacer una barbacoa en un lugar prohibido, deshacerse de escombros o aceite usado sin autorización, edificar en espacios protegidos, tirar un cigarrillo por la ventanilla del coche, verter desechos al río o disparar un castillo de fuegos artificiales demasiado cerca del monte. Muchas y muy variadas son las agresiones medioambientales a las que están expuestos cada día los entornos naturales de la Comunitat. Sin embargo, buena parte de estos descuidos, imprudencias y negligencias, tanto de particulares como de empresas y hasta de instituciones públicas no termina por recibir el castigo merecido o, cuanto menos, no con la celeridad y contundencia que sería deseable, según han transmitido expertos en la materia y colectivos ecologistas a LAS PROVINCIAS. Las dificultades para identificar al responsable y probar la autoría de los hechos, la falta de concienciación social, el exceso de confianza de los propios autores y los distintos trámites burocráticos, que dilatan los procesos judiciales a lo largo del tiempo hasta hacer que prescriban, son los principales obstáculos a los que se enfrenta la difícil lucha por atajar este tipo de comportamientos.

Por una parte, y según la última memoria de la Fiscalía de la Comunitat, a lo largo de 2012 se desarrollaron en las tres provincias hasta 800 actuaciones penales dentro del apartado específico de medio ambiente y urbanismo. De ellas, alrededor de la mitad hacían referencia a incendios forestales, mientras que los delitos urbanísticos centraban la mayor parte del resto de los casos. Sin embargo, muy pocos de estos procesos terminan, por ejemplo, con el ingreso en prisión de los culpables.

Por otra parte, sólo una de cada ocho denuncias que los agentes de la Policía y la Guardia Civil trasmiten a la Administración autonómica relativa a cuestiones medioambientales logra activar un expediente sancionador. Concretamente, a lo largo del pasado ejercicio, la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente recibió cerca de 1.700 denuncias formuladas, principalmente, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado relativas a la Ley de Residuos, a la de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, y en materia de contaminación atmosférica y acústica, pero sólo se iniciaron en el mismo periodo algo más de 200 expedientes sancionadores en relación a estas normativas.

Las infracciones detectadas hacían referencia a vertidos incontrolados de escombros, quema de enseres y plásticos, vertidos de gasoil o aceites, abandono de bidones con residuos, su transporte sin autorización o, incluso, el almacenamiento de residuos peligrosos, entre otros motivos. En estos casos, los talleres de vehículos que ejercen su actividad de manera clandestina concentran la mayoría de las sanciones.

A todo ello hay que sumar las innumerables imprudencias y negligencias que ni siquiera activan un proceso administrativo o penal.

Por tanto, como explicaba la especialista en derecho ambiental y profesora titular de Derecho Administrativo de la Universitat de València, Inmaculada Revuelta, las cuestiones ambientales pueden penalizarse por dos vías, la administrativa y la penal, y depende del camino escogido las consecuencias pueden ser muy distintas. Un claro ejemplo de esta situación se da con el último incendio registrado en Cullera el pasado fin de semana, en el que el disparo de un castillo de fuegos artificiales incendió una montaña cercana. La corporación municipal vulneró la ley al permitirlo, ya que se había decretado la alerta máxima por riesgo de incendios, por lo que el Gobierno autonómico le ha abierto un expediente sancionador por la vía administrativa. El ayuntamiento de Cullera podría tener que hacer frente a una multa de entre 180.000 y 600.000 euros. Sin embargo, Esquerra Unida y Compromís han interpuesto sendas denuncias ante la Fiscalía de Valencia directamente contra el alcalde de Cullera, Ernesto Sanjuán, al que acusan de un presunto delito de imprudencia grave al ser el responsable último del disparo del castillo. De activarse la vía penal, se paralizaría la administrativa.

Revuelta apuntó que la vía penal únicamente concentra los casos más graves, mientras que en la administrativa es donde se desarrollan la mayoría de los procesos. «El Seprona inicia muchos procedimientos administrativos, pero hay muchas dificultades probatorias, se presentan recursos, y se demora muchísimo», comentó. Además, en su opinión, la legislación ambiental valenciana está obsoleta, «en protección del litoral no se ha desarrollado nada», precisó. Asimismo, apostó por adoptar medidas preventivas como la sensibilización de la ciudadanía para atajar esta problemática.

Por su parte, el profesor de Derecho Ambiental de la Universidad Católica de Valencia, Carlos Mínguez, también resalta las dificultades a las que tienen que hacer frente las investigaciones de los delitos medioambientales, pero cree que sería necesario actuar con más rigor y con más intensidad. Al aplicar la norma con firmeza, se dispararían las sanciones a corto y medio plazo, pero a lo largo del tiempo la situación comenzaría a normalizarse, según señala. Paralelamente, también considera relevante la puesta en marcha de medidas educativas y de concienciación social, así como que la Administración destine más medios a esta lucha.

Javier García, profesor de Derecho Penal de la Universidad CEU Cardenal Herrera, también cree que el talón de aquiles de esta problemática es encontrar el sospechoso del delito y probar que ha sido él. Además, sólo las imprudencias graves constituyen delito, aunque no suelen generar el ingreso en prisión. En situaciones en las que hay implicados varios sujetos, por ejemplo en los vertederos ilegales, la dificultad es, si cabe, todavía mayor, ya que es necesario determinar el grado de culpa de cada individuo.

Por su parte, uno de los principales actores en la lucha contra los desastres medioambientales, Acció Ecologista Agró, apunta directamente a la Administración como la máxima responsable a la hora de defender el patrimonio natural de la Comunitat. «Nos encontramos ante un Gobierno reacio a aplicar las normas medioambientales», lamentaba el presidente de la entidad, Joan Llinares. El portavoz recordó que, por ejemplo, en la mayor parte de los incendios forestales «no se encuentra al responsable», por lo que la relación causa-efecto «es lo más difícil de demostrar».

Llinares también denunció que la Administración «ha ido modulando y modificando la legislación medioambiental en relación a intereses económicos más que a la protección del medio ambiente» y resaltó que son las denuncias de entidades y partidos políticos las que consiguen alguna sentencia que condene a culpables de provocar daños medioambientales. A este respecto, recordó por ejemplo el caso del ex alcalde de Pego, Carlos Pascual, primer cargo público que ingresó en prisión por un delito ecológico: causar graves daños en el marjal de Pego-Oliva entre los años 1996 y 1998, en los que quemó vegetación, rebajó el nivel del agua y construyó caminos y diques, afectando a unas 600 hectáreas del parque natural. La Audiencia Provincial de Alicante, seis años después, le condenó a nueve años de prisión, donde ingresó en 2007. Pascual está ahora con el tercer grado penitenciario que le obligar a ir a dormir a la cárcel cuatro noches a la semana y paga cada mes 40 euros para hacer frente a la indemnización que le impusieron.

Incendios que no cesan

Por otra parte, y desde el Seprona, el cuerpo de la Guardia Civil especializado en delitos ecológicos, recordaron que, hasta hace unos años, los más habituales eran los relacionados con la ordenación del territorio y las construcciones ilegales, además de los incendios forestales. «Con la actual situación de crisis han descendido los primeros y se mantienen los segundos. Cabe resaltar los producidos en 2012, cuando tuvieron lugar los incendios más importantes de los últimos 20 años. Fruto de las investigaciones realizadas se esclarecieron los más importantes y se detuvo a los presuntos autores», recalcaron desde este cuerpo. El de Andilla, que arrasó 20.000 hectáreas, fue ocasionado por la quema imprudente de unos rastrojos, mientras que el de Cortes de Pallás, con cerca de 30.000 hectáreas calcinadas, se originó por el soplete de unos operarios que colocaban una placa solar. Los presuntos autores quedaron en libertad con cargos.

Además, indicaron que, en la actualidad, «se ha observado un incremento de los delitos de maltrato animal, también fruto de la actual crisis». «Son delitos de comisión por omisión, es decir, los propietarios de los animales domésticos tienen un deber de custodia sobre los mismos, por lo que cuando desatienden su cuidado, pueden estar cometiendo este delito», resumieron.