La atención a los dependientes supera los 300 días de retraso en la Comunitat

El plazo medio para que los dependientes reciban las prestaciones reconocidas supera los 300 días en la Comunitat Valenciana, Andalucía y Extremadura, así como en Asturias, aunque esta comunidad no ha aportado hasta ahora los datos al respecto al Tribunal de Cuentas.

Así se desprende del primer informe del Observatorio de la Dependencia de España, formado por patronales y sindicatos, que analiza el desarrollo de la ley de dependencia tras ocho años en vigor.

El informe, presentado hoy, destaca que algunas comunidades no efectúan el reconocimiento de la prestación hasta que disponen de crédito presupuestario suficiente para hacerla efectiva, lo que implica el retraso en otorgar la ayuda reconocida a las personas dependientes .

De este modo, el plazo medio para la resolución de ayudas a la dependencia se estima en 200 días (siete meses), en las comunidades de Canarias, Murcia, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Galicia.

En este documento se analiza, a partir de los datos oficiales --Tribunal de Cuentas, EPA y del IMSERSO-- la situación de "dificultad" por la que atraviesa este sector después de más de siete años de entrada en vigor de la Ley para la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

El presidente de la FED, José Alberto Echevarría, ha denunciado la opacidad que hay en torno a la fianciación aportada al sistema por las comunidades autónomas. Según ha advertido, las autonomías están financiando "escasamente" el 30% de la ley, cuando ésta debería alcanzar el 50%.

"Que digan analíticamente (las comunidades) cuánto destinan a la dependencia", ha aseverado Echevarría, para añadir que "poco debe ser" porque actualmente hay 184.000 dependientes a la espera de ser atendidos. En total, hay en España 924.000 dependientes reconocidos, de los que 726.000 reciben una prestación o servicio.

Cierre de 400 residencias

Asimismo, ha asegurado que algunas no efectúan el reconocimiento de las prestaciones hasta que disponen del crédito presupuestario para hacerla efectiva, restringiendo así el derecho subjetivo de los dependientes. También ha indicado que al no apostar los gobiernos autonómicos por los servicios residenciales (14%), hay actualmente 55.000 plazas vacías y han cerrado ya 400 residencias.

"Tenemos que parar y decir 'basta'", ha afirmado el presidente de AESTE, Jorge Guarner, que ha reclamado a los partidos políticos, que, esta ley, aprobada con el consenso de todos, "está yendo por unos derroteros, que hay que corregir". Asimismo, ha insistido en la necesidad de que se regule a nivel estatal la acreditación de servicios profesionales y el copago para la viabilidad del sistema.

Más de 800 normas

La normativa relativa a la Ley de Dependencia es enorme, según constatan sindicatos y patronales, pues incluye más de 671 normas de comunidades autónomas y 134 estatales. Asimismo, alertan de la desigualdad de condiciones de acceso a las prestaciones del sistema en función de donde vive el beneficiario.

El informe pone en evidencia que no se ha logrado el objetivo de empleo previsto en la ley (300.000 contratos) y que, lejos de crecer, ha comenzado a caer desde 2012. En concreto, ha pasado de 184.000 puestos de trabajo en 2010 a 218.000 en 2012, pero en 2014 se sitúa en los 178.000 empleos. "La pérdida de empleo es del 22,5 por ciento", ha alertado González, al tiempo que ha señalado que se trata de un sector muy feminizado.