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Carlos Garsán
Jueves, 17 de julio 2014, 21:27
"Esto empezó desde la rabia al recibir la carta de la Generalitat". Mª José Benayas, hija de una mujer dependiente con alzhéimer, presentó ayer más de 175.000 firmas contra el copago aplicado en catorce recibos, incluyendo las extras de julio y diciembre, una medida que, denuncia, no deja a las familias el suficiente dinero de bolsillo como para hacer frente a el resto de gastos derivados del cuidado de sus mayores.
'No con mi extra', campaña que surgió a través de internet, cuenta ahora con el apoyo de sindicatos y demás colectivos que pidieron ayer a la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, la derogación del decreto. "Creen que los ancianos, al estar ingresados, lo tienen todo cubierto pero si necesitan dentista, podólogo o peluquería, hay que pagarlo. Las proteínas, que es una medicina que no viene con la Seguridad Social, cuesta casi 100 euros al mes y mi madre recibe 600 euros de los que paga 500 de residencia", contó Benayas.
La Conselleria de Bienestar Social, por su parte, informó de que en breve se publicarán modificaciones que incluirán un «incremento importante» del dinero de bolsillo de los mayores usuarios de plazas residenciales financiadas por la Generalitat, que pasará de 101 a 170 euros mensuales. Esto, afirman, convertiría a la Comunitat Valenciana, junto a Cantabria, en la autonomía con mayor cantidad de dinero de libre disposición para los usuarios de residencias.
Asimismo, destacaron que, tras reunirse durante meses con representantes de los sectores implicados, los afectados por el copago podrán decidir realizar las aportaciones que les correspondan en 12 o 14 pagas, siempre teniendo en cuenta el cómputo de su renta anual. "La supresión de este modelo significaría beneficiar a las rentas altas a costa de las bajas", afirmaron desde Conselleria.
Pero con 175.000 firmas detrás, parece que Benayas no está sola. Representantes de diferentes colectivos fueron a la sede de Conselleria a apoyar su causa. Maripau García, secretaria de Movimientos Sociales de la Federación de Servicios Públicos de UGT, calificó el copago de "indigno" y recordó las "demoledoras cifras» publicadas esta semana en el 'XIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia'. Éste daba a la Comunitat Valenciana, junto a Canarias, la peor nota a nivel nacional por la gestión de la dependencia, un 1,3 en una escala de 10 puntos. Según los datos del informe la valenciana es la cuarta autonomía a la cola en gasto público dedicado a la dependencia, con 59,82 euros por habitante y año, siendo la media en España de algo más de 109 euros.
"Mucha gente no puede asumir el copago y abandonan los centros. Es una aberración ya que obliga a que personas que deben estar atendidas abandonen los centros ocupacionales o de día, lo cual también pone en peligro el empleo en el sector. A menos usuarios menos trabajadores", afirmó Toni Jiménez, miembro de la Federación de Enseñanza de CCOO. Además, como fruto de esta campaña ha nacido AFUR (Asociación de Familiares de Usuarios de Residencias) para defender los derechos de aquellos que se han sacrificado por sacar adelante a su familia".
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