La Fiscalía Anticorrupción investigará la gestión de entradas de la Tomatina

valencia. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por los concejales del PP en Buñol por la contratación de una empresa privada para gestionar la venta de entradas de la Tomatina «sin ningún tipo de contrato administrativo ni control de intervención»

El Partido Popular explicó ayer en un comunicado que el pasado 10 de julio los populares de Buñol acudieron ante la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos cometidos por el gobierno de la localidad, formado por EU, PSPV e IAB, ante «la falta de claridad» en el proceso de «privatización» de la Tomatina que tuvo lugar en el año 2013 «sin ningún tipo de expediente administrativo ni control legal en la cesión de la explotación de la fiesta».

La Fiscalía Provincial Anticorrupción de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal ante los «graves hechos» presuntamente cometidos por el gobierno local en la adjudicación «a dedo» del negocio alrededor de la fiesta de la Tomatina que «ha movido alrededor de dos millones de euros de volumen de negocio».

Asimismo, la Fiscalía ha designado a un fiscal instructor para que conozca las diligencias de investigación penal y profundice en el entramado de contrataciones y subcontrataciones de la Tomatina.

El PP lamentó que «la vía judicial haya sido la única posible para que los ciudadanos de Buñol conozcan la verdad que se esconde tras el negocio de la privatización a dedo de la Tomatina por parte del tripartito de IU-PSOE-IAB».

Al respecto, aseguró que «las reiteradas solicitudes de información en este y otros temas han caído en saco roto», de manera que «ante la negativa del gobierno municipal de seguir por los cauces legales de contratación administrativa que marca la Ley de Contratos del Sector Público nos hemos visto obligados a denunciar los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción».

Según esta formación, el «modus operandi» del equipo de gobierno local, «al margen de la ley de contratos del sector público ha sido una seña de identidad del tripartito y de los gobiernos de PSPV e IU durante más de 20 años en temas tan variados como los servicios de recaudación, la limpieza viaria, publicidad de la radio, fraccionamiento de contratos, lo que nos hace sospechar que estamos en presencia de un presunto chapapote político institucionalizado durante años en el Ayuntamiento de Buñol».